viernes 17, enero, 2025, Eduardo Castex, La Pampa

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Empleado judicial robó $ 3,5 millones, lo condenaron y tendrá que devolver el dinero

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Centro Judicial Santarosa 24abril2019

El empleado que defraudó al Ministerio Público Fiscal (MPF) en alrededor de 3.500.000 pesos fue condenado a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Además le fijaron reglas de conducta durante cuatro años y tendrá que devolver todo el dinero sustraído.

La causa se resolvió en menos de cuatro semanas, ya que la denuncia fue realizada el 23 de diciembre. La jueza de control santarroseña, Marisol Rodríguez, al dictar la condena contra Leonardo Alexis Isequilla, homologó el acuerdo de juicio abreviado suscripto entre el fiscal general Máximo Paulucci, el defensor particular Rodrigo Adrián Villa y el propio imputado, quien admitió la autoría de los delitos. El fallo ya quedó firme porque el acusado se comprometió a no recurrirlo.

Rodríguez condenó a Isequilla, de 43 años,  a dos años de prisión de ejecución condicional por ser autor de defraudación en perjuicio de la administración pública y por sustituir, ocultar o mutilar algún expediente, documento u otro papel importante y violación de medios de prueba, registros y documentos; más inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

A su vez, durante cuatro años, deberá cumplir con reglas de conducta (fijar residencia, de la cual no podrá ausentarse sin conocimiento del tribunal, y someterse al control de la Unidad de Abordaje, Orientación y Supervisión de personas en conflicto con la ley penal), bajo apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena en caso de incumplimiento injustificado.

También en la parte resolutiva de la sentencia, Rodríguez dispuso –porque así lo habían convenido las partes– que Isequilla deberá depositar, dentro de los 180 días y  en concepto de reparación de perjuicios, las sumas de 1.219.090 pesos y 1.900 dólares en las cuentas judiciales creadas a tal efecto. Ello equivale al monto total sustraído por él.

Con las pruebas reunidas en el legajo penal, quedó acreditado que el imputado solicitó, «en su carácter de empleado de la fiscalía de delitos contra la propiedad, y en al menos dos oportunidades en días y horario hábiles, al personal de mesa de entradas, dos paquetes secuestrados sin la debida autorización del fiscal a cargo de los legajos;  los cuales contenían dinero en efectivo, y además dejar asentado en el libro la entrega del  dinero a personas distintas a las vinculadas con el legajo, no efectivizándose dicha entrega y valiéndose para ello de la  supuesta autorización de los fiscales del caso».

Además se constató que tenía en su poder, «lo que implicó haber sustraído con la misma maniobra mencionada anteriormente, objetos secuestrados en otro paquete, que fueron encontrados durante el allanamiento realizado en su domicilio». Allí se hallaron una billetera, una riñonera y moneda chilena pertenecientes a una mujer, elementos que «deberían estar en la caja del Ministerio Público, que se encuentra en la oficina contigua  a la mesa de entradas».

Asimismo durante ese allanamiento surgió «el hallazgo de diferentes paquetes pertenecientes al Ministerio Público Fiscal, los cuales fueron sustraídos por Isequilla, mutilando el proceso judicial en los cuales fueron secuestrados, rompiendo la cadena de custodia y haciendo desaparecer indicios relacionados a distintos ilícitos,  los cuales se encuentran pendientes de identificación en su totalidad».

Finalmente, la jueza indicó que «se entiende y se considera que en todos los casos (Isequilla) se valió de la misma maniobra para hacerse de los elementos y sustraerlos, lo que implicó haber violado las obligaciones a su cargo como empleado  del Ministerio Publico Fiscal, mutilando, destruyendo, toda o parte de pruebas vinculadas a legajos de investigación y la sustracción de todo o parte de los elementos vinculados a los paquetes sustraídos».

En el ámbito penal el proceso contra Isequilla concluyó con la condena firme; quedando pendiente el sumario administrativo radicado en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, organismo que deberá resolver si el empleado es exonerado de la administración pública. No obstante, el imputado adelantó verbalmente que presentará la renuncia.​

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