La presión impositiva se redujo en 2024, principalmente por menor carga de las provincias, que hicieron un esfuerzo tres veces mayor que el del gobierno central. La recaudación nacional de enero estuvo sostenida por los trabajadores por el reordenamiento de la estructura tributaria, denunciaron desde un centro de estudios. Gobernadores e intendentes continúan sus demandas para que el Ejecutivo salde las deudas. Esto incluye el fondo que está obligado a girar por ley que permitía reforzar la seguridad en el territorio bonaerense, además de $ 5,3 billones por saldos de obras públicas comprometidas en PBA.
La presión impositiva se redujo 0,4 puntos porcentuales el año pasado, hasta el 27,5% del PBI. Esto se debió principalmente a una disminución de la carga de las provincias, que hicieron un esfuerzo tres veces mayor que el gobierno central. Gobernadores e intendentes continúan su demanda para que el Ejecutivo salde sus deudas y entregue los fondos que está obligado a girarles, mientras Nación sigue desentendida de gran parte de sus obligaciones.
A nivel global, los impuestos de las provincias disminuyeron del 5,1% al 4,8% en 2024, lo que significó una baja de 0,3 puntos del PBI, de acuerdo al Instituto Argentina Grande (IAG), basado en los números de la Subsecretaría de Ingresos Públicos. Mientras Javier Milei presiona a los distritos para que reduzcan sus gravámenes y les declaró la guerra a las tasas municipales, la presión tributaria nacional solo mermó en un 0,1% del PBI.
Un producto, vale la pena aclarar, mucho más pequeño que el de 2023 debido a la recesión. A esto se le suma que los impuestos nacionales coparticipables bajaron 0,5 puntos del PBI mientras que los no coparticipables subieron 0,4 puntos, según el mismo IAG.
Esto es corroborado por CEPA, que resalta que en la pérdida de recursos por la caída de la actividad las provincias se llevan la peor parte. Los tributos que sostenían la recaudación (retenciones e impuesto PAIS) no se comparten con los gobernadores. “Con la restitución de Ganancias y la reducción de la alícuota, y luego la finalización del impuesto PAIS, la distancia entre la recaudación nacional y los recursos transferidos a provincias tendió a achicarse”, explicó. Aunque en los gráficos pareciera que en el último trimestre se empieza a percibir una mejora, se trata de una ventaja estadística de la comparación interanual: la variación se mide contra meses magros en términos de recaudación.
En enero de 2025, la recaudación tributaria nacional alcanzó los $ 15 billones, con un crecimiento interanual del 95,2%, lo que implica un incremento real del 5,5%. Aunque los ingresos superaron a los del año anterior, se mantuvieron en niveles similares a los de 2023, compararon en la Fundación Encuentro. Este desempeño estuvo impulsado por la actualización de tributos específicos, cambios en la estructura de la recaudación y factores macroeconómicos como la inflación y la evolución del tipo de cambio.
En este contexto, la composición de los ingresos fiscales sigue reflejando el impacto del cambio de régimen económico y normativo. “La recaudación de enero estuvo sostenida por los trabajadores”, denunciaron los especialistas de la fundación que comanda Sergio Massa. Es que si se considera la participación en el total de los ingresos fiscales, los tributos vinculados a los trabajadores, como la seguridad social, el impuesto a las ganancias y el IVA, fueron los de mayor aporte a la recaudación. En contraposición, los relacionados con el comercio exterior redujeron su lugar.
Los gobernadores siguen sin fondos ni obras. El gobierno nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires una deuda que se elevaba a $ 7,8 billones a octubre del año pasado. Los saldos de obras públicas comprometidas por el Ejecutivo central en el territorio bonaerense abarcan el monto más elevado: $ 5,3 billones. Las obligaciones directas ascendían a $ 2,1 billones, mientras que la estimada por la discontinuidad o retrasos de programas nacionales era de $ 371.163 millones. Hace más de un año que la gestión de Axel Kicillof reclama el pago de estos montos, que se abultan con el pasar de los días, mientas que del otro lado siguen sin saldarlos.
Después de los casos que mostraron un recrudecimiento de la violencia en la Provincia, los intendentes de Unión por la Patria volvieron a reclamarle a Milei que “restituya en forma urgente el dinero correspondiente al fondo de seguridad que le corresponde a la provincia de Buenos Aires”.
“Usted le recortó al gobierno provincial los $ 749 mil millones correspondientes al Fondo de Fortalecimiento Fiscal creado por ley del Parlamento”, le expresaron en un comunicado los representantes de la quinta sección electoral. Para dimensionar, con ese monto se podrían haber adquirido 10 mil patrulleros o instalado 30 mil cámaras de seguridad en los 135 municipios bonaerenses. “La desfinanciación al Estado provincial es su principal política de Estado”, acusaron.
Individualmente, el mandamás de Castelli, Francisco Echarren, le criticó al Presidente que, “mientras habla de la seguridad de la Provincia, nos roba el fondo de seguridad que nos corresponde por ley”. Antes, el representante de Ituzaingó, Pablo Descalzo, había demandado: “Devuelvan los fondos que les robaron a las provincias, bajen los impuestos nacionales, retomen y finalicen las obras públicas que frenaron”.
Pero Milei tampoco hace obras que se corresponden con sus entes directos, como el encargado de mantener las rutas nacionales, que quedaron casi sin mantenimiento. Durante 2024, lo devengado por la Dirección Nacional de Vialidad cayó un 72,2% comparado con 2023, aseguraron en el IAG. Además de esto, el gasto del organismo dejó de seguir la misma tendencia que lo recaudado por el impuesto a los combustibles. Esto resulta llamativo porque por ley debe ir a Vialidad el 14% de este tributo, que el Gobierno incrementó durante casi toda su gestión.
Mientras que el 14% de lo recaudado en 2024 fueron $ 405.227,9 millones (a precios de diciembre), lo erogado por la “fuente 1.4” (es decir, lo que entra por los fondos fiduciarios) fue de solo $ 137.626,6 millones, confiaron desde el instituto que agrupa a los equipos técnicos de Gabriel Katopodis. Por eso estiman que hay un total de $ 267.601,3 millones que, o no llegaron a la DNV o esta decidió no gastarlos. PERFIL consultó a la agencia nacional, pero no llegaron a responder antes del cierre de esta nota.
