El escándalo de la megacausa por las coimas de la empresa sueca Securitas amenaza con salpicar al armador de Karina Milei, Sebastián Pareja, tras la aparición de una solicitud a la Justicia que empuja Mauricio Macri entre las sombras.
En abril del año pasado, la empresa sueca Securitas admitió ante la Justicia que pagó millonarias coimas para vigilar organismos públicos. La compañía de seguridad privada reveló que en su balance tenía un faltante de millones de dólares que se iban en pagos de coimas a funcionarios de decenas de organismos nacionales y provinciales.
Las coimas se hacían para asegurar que la empresa se quedara con los contratos de seguridad privada de cada dependencia.
Sandra Arroyo Salgado, la jueza federal de San Isidro que tiene la causa, ya imputó a Pablo Santos, actual director del Registro Nacional de las Personas (Renaper). Sin embargo, la investigación no apunta a la actuación de Santos durante el mandato de Javier Milei, sino a su desempeño como director del organismo durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Santos ocupó la Dirección General de Administración y de Atención Ciudadana del Renaper durante ese lapso y deberá presentarse a indagatoria el miércoles que viene.
Ahora, una solicitud empujada por Macri apunta directo al armador principal de Karina en la provincia.
El escrito, presentado por el periodista Christian Sanz en carácter de «Amicus Curiae», solicita a la jueza de San Isidro que se cite a declarar a Pareja, que trabajó en el Renaper en el macrismo.
Sanz argumenta que en el dictamen fiscal del 27 de diciembre de 2024 se omitió citar a Pareja pese a que era Director General Técnico Jurídico del Renaper durante 2018 y2019.
Ya por el solo hecho de tener ese cargo en ese momento, según el escrito, Pareja habría participado en la emisión de dictámenes jurídicos que posibilitaron contrataciones irregulares con la empresa Securitas y su intermediaria MAC Servicios Empresarios S.R.L..
Estas contrataciones, según la presentación de Sanz, fueron prorrogadas ilegalmente y beneficiaron a empresas vinculadas a Securitas. De acuerdo al escrito, la empresa MAC se habría usado como falsa prestadora de servicios y vehículo para retirar el dinero que, posteriormente, sería destinado al pago de coimas.
El pedido a Arroyo Salgado enfatiza que Pareja, debido a su cargo, debía conocer las irregularidades y que su omisión en la lista de indagados debe ser corregida «para garantizar justicia».
