En un plenario de las comisiones de Legislación Social y General, de la Cámara de Diputados de La Pampa, obtuvo dictamen favorable por mayoría, y la minoría fijó posición en el recinto, el proyecto de ley donde se establece el 10% de la contratación de personal femenino en la obra pública provincial.
Robledo, autora de la iniciativa, señaló que «se busca la inserción de mujeres en el ámbito laboral de la construcción, que siempre ha estado cerrada para las mujeres, pero por una cuestión más de impedimento y de construcción machista del ámbito y no porque justamente se le niegue el ingreso».
El proyecto establece que, por cada diez trabajadores, al menos una deberá ser mujer. «Es simbólico, pero además de ser simbólico, es sumamente interesante que las mujeres puedan insertarse en un ámbito que está totalmente masculinizado», destacó la legisladora.
Robledo subrayó que existen numerosas mujeres capacitadas para desempeñarse en el sector y que, sin embargo, enfrentan obstáculos adicionales a la hora de acceder a un empleo en la construcción. «Para ingresar a una mujer a una obra de construcción, le piden el antecedente de su formación, y a los varones no», señaló.
Además, destacó el crecimiento de la participación femenina en la formación técnica y profesional. «Antes eran una o dos mujeres en las escuelas técnicas con formación tanto en electromecánica como en construcción. Hoy la inserción de mujeres en estos ámbitos ha aumentado de manera sumamente positiva», sostuvo.
Por último, Robledo vinculó la iniciativa con la necesidad de generar oportunidades laborales en un contexto adverso para las mujeres. «Hoy las mujeres estamos siendo nuevamente el factor mayoritario en los despidos. Esto tiene que ver también con las tareas de cuidado, que muchas veces nos impiden avanzar en nuestra formación y en el desarrollo de nuestro trabajo», afirmó.
En otro orden, recibió el visto bueno de las y los diputados, de forma unánime, el proyecto de ley unificado por el que la provincia adhiere a la Ley Nacional «Mica Ortega», que busca garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente al ciberacoso.
