El oficial inspector Cristian Martín Galván fue condenado a un año y tres meses de prisión e inhabilitación por el doble del tiempo para ocupar cargos públicos. Se trata del uniformado que, estando a cargo de la Subcomisaría de Lonquimay, utilizó a los presos que tenía en esa dependencia para que hicieran de mozos y cocineros en su fiesta de casamiento.
Para el juez que instruyó el juicio, Andrés Olié, el policía fue encontrado culpable del delito de abuso genérico de autoridad. Afortunadamente para el servidor público, el magistrado decidió dejar en suspenso la ejecución de la pena de prisión por el plazo de dos años y disponer que durante ese lapso deberá cumplir la obligación de fijar domicilio y someterse al control del Ente de Políticas Socializadoras, publicó el diario La Arena.
La lectura del fallo realizada en la víspera fue la conclusión de las tres jornadas de debate que se desarrollaron los días 25, 26 y 27 de junio, en las que el fiscal Guillermo Sancho llevó adelante la acusación contra Galván, vecino de Santa Rosa, de 34 años, quien fue defendido por los abogados Alberto Emanuel Morales y Marcos Bertolotti.
Celebración.
Para Sancho, Galván se valió de su condición de Jefe de la Subcomisaría de Lonquimay, el día 31 de mayo de 2024, para lograr que los detenidos en esa repartición -Claudio Araneda, Denis Álvarez Pérez, Oscar Dante Sánchez, Juan Rubén Cuello, Oscar Alberto Mesa y Manuel Urrutia-, sin autorización judicial, concurrieran a un salón de fiestas del pueblo, para organizar y servir a las personas que asistieron a un almuerzo en ese lugar, en ocasión del festejo de casamiento del policía.
La defensa, en cambio, reconoció que Galván contrajo matrimonio el 31 de mayo de 2024, hizo la celebración en el pub Veneto, a la vuelta de la comisaría de Lonquimay, pero lo hizo en una reunión privada y no fue asistido por detenidos en la comisaría tal como se le atribuye. Indicaron que la acusación carecía de “prueba objetiva” y sostuvieron que hubo “deficiencias e incongruencias” en el inicio de la investigación.
También recalcaron que no se contaba con grabaciones del sistema de videovigilancia de la subcomisaría de Lonquimay, ni del pub donde se hizo el evento. Insistieron en que el libro de novedades del día de la fiesta, los funcionarios policiales no dieron cuenta de ninguna novedad de que hubieran salido los detenidos ese día. Por ese motivo solicitaron la absolución.
Matrimonio.
El juez dio por acreditado en primer término que Galván contrajo matrimonio por civil el 31 de mayo del año pasado y organizó un almuerzo en el pub de la calle Nuñez, a la vuelta de la subcomisaría. Asimismo sostuvo que para esa fecha el policía era el responsable de la subcomisaría de Lonquimay.
Del mismo modo, confirmó que Sánchez, Urrutia, Araneda, Mesa, Cuello y Alvarez Pérez tenían condena firme y se hallaban alojados en la subcomisaría de Lonquimay, y que ninguno de ellos contaba con autorización para efectuar ninguna diligencia o actividad el día de la fiesta.
El juez Olié respaldó su fallo con los testimonios recogidos durante el juicio. Respecto a la falta de imágenes, dijo que naturalmente habría sido de interés para la causa contar con dicha prueba, pero su falta no podía ser valorada en la sentencia ni para corroborar ni para negar la imputación. “Si, en cambio, debo examinar si con el restante plexo probatorio que se analizará a continuación, queda superado el umbral de duda razonable al que ha aludido la defensa”, dijo.
En concreto los testimonios de los agentes Verdasco, Gualpas y Herpsommer fueron los que le dieron argumentos al magistrado. “Las declaraciones de estos tres funcionarios policiales son sumamente precisas y dan cuenta de que, en distintos momentos, entre aproximadamente las 9 de la mañana y hasta las 18, los detenidos Araneda, Urrutia, Álvarez, Corbalán y Sánchez estuvieron fuera de la subcomisaría”, sostuvo Olié.
Confesiones.
También se apoyó en los testimonios de los detenidos Urrutia, Araneda y Alvarez Pérez. El primero, visiblemente consternado, reconoció que estuvo en el salón e hizo el asado pero no estuvo de mozo. Sostuvo que el 31 de mayo los llamó Galván y les pidió “si les podían dar una mano, al dicente si podía hacer el asado para los invitados, que él los iba a sacar”. Sostuvo que salieron de la subcomisaría “acompañados por Galván caminando y fueron hasta el salón que estaba a mitad de cuadra”.
Araneda declaró que Galván les pidió colaboración para el salón de fiesta y “él se ofreció para ayudar”. Fue al salón con Galván, “acomodó el salón y limpió (…) después estuvo de mozo”. Alvarez Pérez dijo que el 31 de mayo fue al pub convocado por Galván, quien “entró a la celda donde estaban detenidos y les dijo si podían ir ahí”. Añadió que eran cinco detenidos en la fiesta, y que además de él estaban Araneda, Sánchez, Corbalán y Urrutia.
El juez desechó por inconsistentes y contradictorias las declaraciones testimoniales de los familiares y amigos de Galván, quienes sostuvieron que no participaron de las tareas de organización del almuerzo personas detenidas en la subcomisaría de Lonquimay.
