En la última sesión de la Cámara de Diputados, los legisladores aprobaron –por mayoría- las designaciones de las abogadas Daniela Johana Martínez y María Elena Gregoire, como titular en el Juzgado de Control de la Tercera Circunscripción Judicial con sede en 25 de Mayo y Jueza de Control de la Primera Circunscripción Judicial, respectivamente.
La postulación de Martínez fue objetada por el bloque de la UCR y de Comunidad Organizada. Los parlamentarios cuestionaron que es oriunda de La Rioja y que sólo dos postulantes se presentaron para rendir ante el Consejo de la Magistratura.
El diputado Hernán Pérez Araujo aclaró que sin conocer a la designada por el PE, sí podía decir que rechaza el «chauvinismo», la discriminación de que porque no sea pampeana no podría aspirar a un cargo por concurso y que «lo que sí podríamos preguntarnos es por qué cuando hay un cargo para Santa Rosa, General Pico o General Acha hay decenas de participantes y cuando se trata, por ejemplo de 25 de Mayo sólo hay dos postulantes».
Descartó el rumor de que un ministro llamó –hace dos años- a Martínez para que venga a La Pampa. “Al funcionario que nombraron al pasar, en ese momento no era ministro», dijo. Y dejó aclarado que «estamos haciendo un trabajo serio».
A la designación de Gregoire sólo la rechazó CO, y fue la diputada Andrea Velderrama la que cuestionó que «uno de los argumentos para no votarla fuera que es la esposa de un ex legislador. Mucho nos cuesta a las mujeres acceder a cargos públicos como para que se nos tilde que llegamos a ellos por ser la mujer de…» manifestó.
Otros temas
En otro orden, fue aprobada por unanimidad la resolución unificada donde se solicitó al Poder Ejecutivo Provincial que arbitre, a través de los organismos que correspondan, los medios necesarios para restablecer la circulación de la Ruta Nacional N º 35 entre Jacinto Arauz y Bahía Blanca.
Además, se emitió una resolución –por unanimidad- donde se solicita a los legisladores nacionales por La Pampa que impulsen la declaración de la emergencia en discapacidad a nivel nacional.
Gisela Cuadrado hizo uso de la palabra y explicó que «el tema de la discapacidad no debería requerir una ley de emergencia, pero llegamos a un punto en el que ya es imprescindible».
La diputada relató haber recibido múltiples notas, testimonios y pedidos de instituciones y fundaciones, quienes advierten que la situación actual es «insostenible». En ese sentido, Cuadrado compartió un relevamiento oficial que muestra un retraso acumulado del 140 % en las prestaciones a personas con discapacidad para el año 2024, marcando una evolución crítica desde el 23 % en 2020.
«El retraso en los pagos y las magras remuneraciones están impactando directamente en la continuidad de terapias y apoyos fundamentales», señaló. «Hoy una acompañante de apoyo en el sistema educativo cobra apenas 4.000 pesos la hora. Es un dato oficial».
Durante su intervención, Cuadrado también hizo referencia a la reciente aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte del Congreso Nacional, y alertó que, según declaraciones públicas de funcionarios nacionales y del propio presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo estaría preparando el veto a la norma.
«Más allá de las diferencias partidarias, este es un tema que no debería estar en discusión. Es una cuestión de humanidad. Hay familias que no pueden mandar a sus hijos a la escuela porque no pueden pagar los acompañamientos. Eso no puede esperar», expresó Cuadrado.
La diputada concluyó solicitando el acompañamiento del cuerpo legislativo provincial a su proyecto de resolución y apeló al compromiso de los representantes pampeanos en el Congreso: «Necesitamos que actúen con conciencia y responsabilidad. El Congreso volverá a debatir este tema, y La Pampa tiene que estar a la altura de las circunstancias».
Por otro lado, Hernán Pérez Araujo expresó su apoyo a la iniciativa y criticó con dureza la actitud de algunos representantes nacionales.
Pérez Araujo remarcó que la sanción legislativa aún no se ha transformado en ley, ya que resta la promulgación por parte del Poder Ejecutivo Nacional. «Hasta tanto el presidente promulgue esta sanción del Congreso de la Nación o la vete y vuelva a la instancia legislativa para que se confirme o no ese veto, el proyecto de la diputada Cuadrado está absolutamente vigente», sostuvo.
En ese contexto, el legislador pampeano recordó que dos diputados nacionales por La Pampa «votaron en contra» de la emergencia en discapacidad y que en otras oportunidades «han ratificado vetos del presidente y luego han ido a comer asados a la Quinta de Olivos, siendo declarados héroes por el propio presidente».
Araujo también se refirió a sectores que evitaron tomar posición en este tema. «Sin entrar a juzgar la tibieza abstencionista a la que algunos sectores políticos de la provincia de La Pampa nos tienen acostumbrados, lo mínimo que corresponde es que pongan la cara y digan verdaderamente cuáles son los motivos. El pedido de abstención es para no exponer a los diputados Martín Maquieyra y Martín Ardohain, que votaron en contra de esta declaración».
Finalmente, ratificó su acompañamiento al proyecto y subrayó que «no se trata de una discusión partidaria, sino de asumir compromisos con la ciudadanía pampeana en un tema tan sensible como lo es la discapacidad».
TIEMPO DE PERMANENCIA EN CADA GRADO
En otro orden las y los legisladores aprobaron por unanimidad la ley que establece en tres años el requisito «Tiempo de Permanencia en cada Grado» con aplicación exclusiva a los/as agentes egresados/as de la carrera de «Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana orientada a la Formación Policial».
También se aprobaron por unanimidad las resoluciones por las que solicitan al Poder Ejecutivo, informe sobre programas de la Dirección de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar de La Pampa; también respecto a los medicamentos que se encuentran en cuarentena; por la que solicitan a los Legisladores Nacionales por la provincia de La Pampa, la urgente declaración de la Emergencia Pública en Salud Mental y Adicciones; por la que piden informe al Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de La Pampa sobre las supervisiones realizadas en el marco del artículo 27 inciso e) de la Ley N° 2703 durante los años 2024 y 2025 y al Ministerio de Salud sobre las medidas que ha adoptado la provincia de La Pampa en cumplimiento del fallo de la Cámara Civil de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa del 13 de agosto de 2021.
