El fiscal Oscar Cazenave confirmó, en Radio DON 101.5 Mhz, que la titular de uno de los geriátricos allanados -en enero- reconocería su responsabilidad por “malos tratos” y “abandono de persona”, para acceder a un juicio abreviado y evitar una sentencia judicial con condena a prisión. Este sería el caso del geriátrico “Luz de Vida” que funcionaba en la calle Italia al 1.036.
En el caso del geriátrico “Los Nonos” que funcionaba en la calle Sargento Cabral al 686, el avance “es más complejo” porque restan algunas pericias. “En este caso la situación es más compleja porque se investiga la muerte de una persona”, dijo Cazenave en la comunicación telefónica.
A casi un año de los procedimientos, la investigación contra los geriátricos de Eduardo Castex se reactivó. El funcionamiento irregular se destapó cuando se informó –en diciembre del año pasado en LA ARENA y Radio DON- que no estaban incluidos en el Registro provincial de Residencias y Centros de Días, como establece la Ley provincial 3129 de “Regulación del funcionamiento de las Residencias de Corta y Larga Estadía y Centros de Día para personas mayores con o sin fines de lucro”.
Este era un requisito indispensable para habilitar el funcionamiento, dado que el municipio local adhirió –mediante ordenanza 10/2020- a la legislación provincial, y el informe periodístico determinó que existía un incumplimiento normativo donde no se habrían realizado los controles para constatar el efectivo y normal funcionamiento.}
ALLANAMIENTOS
Los familiares intentaron dialogar con las autoridades municipales, pero como no tuvieron respuestas radicaron una denuncia por “malos tratos” y “abandono de persona”, que desencadenó -en los primeros días de este año- en allanamientos en los geriátricos Luz de Vida, ubicado sobre calle Italia al 1.036, y Los Nonos que funcionaba en la calle Sargento Cabral al 686.
En esos procedimientos se confirmó que lograron secuestrar “documentación relevante y se constataron a simple vista algunas situaciones planteadas por los denunciantes”. Cumplidas las actuaciones judiciales, recién desde el municipio confirmaron que las residencias no contaban con habilitación municipal, y dispusieron la clausura preventiva.
