El texto recibió 42 adhesiones y 30 rechazos en general. Hubo un guiño final de la Casa Rosada a los sindicatos y cámaras empresariales sobre aportes compulsivos. El oficialismo metió por la ventana el traspaso de la justicia laboral a CABA.
El gobierno logró la media sanción en general de la reforma laboral, con 42 votos a favor y 30 en contra, nutridos por 28 del peronismo y dos de los santacruceños José María Carmbia y Natalia Gadano. Para obtener el apoyo mayoritario de los bloques, Patricia Bullrich tuvo que conceder a la CGT el carácter obligatorio de la cuota sindical, bien entrada la tarde del miércoles, pero mantuvo la creación del fondo de indemnizaciones que captura dinero de ANSéS, la supresión de la ultraactividad, la negociación por empresas y la derogación de los estatutos.
Sobre un borrador del proyecto, que recibía sucesivas correcciones en rojo, el oficialismo terminó admitiendo la retención compulsiva de la cuota sindical, un reclamo de la central obrera contra el artículo que establecía que el aporte de los trabajadores fuera voluntario. Ese punto se sumó al sostenimiento del 6 por ciento para las obras sociales, otra demanda de los sindicatos. Ambos ítems son, apenas, la conservación de conquistas de antaño.
Pese a esa neutralización parcial que forzaron los gremios, la Casa Rosada lograba quebrarlos con un articulado que destroza regímenes de licencias y afecta el derecho de huelga a través de la declaración de una serie de actividades como esenciales, algo que habrá de corroborarse o no cuando se produzca la votación en particular. Al cierre de esta nota, se diluía el plan de la CGT para desflecar la reforma laboral de Javier Milei, tal como se había propuesto, aunque tampoco se podía mensurar si el gobierno había asestado un golpe letal al modelo sindical.
En todo caso, la CGT salvaba institutos o herramientas que le permiten una defensa corporativa de la organización pero el gobierno se imponía en la afectación de derechos históricos de los trabajadores argentinos.
