El viernes por la mañana, junto con el pedido de la medida cautelar contra Portezuelo del Viento, el gobierno de La Pampa presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ) el pedido para que se liquide la deuda que el gobierno nacional tiene con la provincia por la retención de la coparticipación federal de impuestos. El monto que exige La Pampa está en los 5.400 millones de pesos, sumando deuda e intereses.
«Esta presentación es resultado de las tres reuniones que mantuvimos con Nación, en las que no pudimos llegar a ningún acuerdo ante la postura intransigente de sus funcionarios», indicó el procurador Hernán Pérez Araujo. «Si ustedes recuerdan -señaló-, en la última reunión los funcionarios de Nación se levantaron y dieron por terminada la reunión, e incluso se negaron a firmar el acta», destacó en declaraciones formuladas al diario La Arena.
Pérez Araujo, procurador de Rentas de la provincia, firmó la presentación junto con el fiscal de Estado, José Alejandro Vanini, con quien también suscribió la nota referida a Portezuelo del Viento. «Fueron dos acciones importantes para la Provincia que concretamos el viernes en Buenos Aires», evaluó el funcionario y también candidato a diputado nacional.
La presentación judicial es consecuencia de la sentencia del 6 de noviembre del año 2018 en la cual la Corte le dio la razón a nuestra provincia, como también lo hizo con otras, respecto al planteo por la inconstitucionalidad de la detracción del 15 por ciento de la coparticipación que aplicó durante años el gobierno nacional.
«La Corte nos dio 120 días para acordar la forma y plazo en que se debía reintegrar esa suma, con sus respectivos intereses. No hubo forma de llegar a un acuerdo porque la postura de los funcionarios era que esta deuda no la generaron ellos, así que no tenían por qué hacerse cargo».
Ante esa falta de interés por cumplir con el mandato judicial, los representantes pampeanos exigieron el viernes la ejecución de la deuda. Para ello presentaron lo que se denomina «planilla de liquidación» a fin de que sea aprobada por los jueces superiores y ordenen la transferencia de los fondos a favor de nuestra provincia.
El monto que exige La Pampa «está en unos 5.400 millones de pesos», indicó Pérez Araujo. Ese número sale de sumar los 4.200 millones de la deuda generada por la retención del 15 por ciento por parte de la Nación, más una suma de 1.200 millones en concepto de intereses.
«Para hacer ese cálculo tomamos en cuenta principalmente una sentencia similar con la provincia de San Luis, que siguió el mismo camino que nosotros», indicó.
«Lo que también planteamos en la presentación -acotó-, es que si se sigue demorando el cumplimiento de esta sentencia, nos reservamos el derecho a pedir nuevas actualizamos en cuanto a los intereses».
