El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, aceptó el pago resarcitorio de $1,6 millones del presidente Alberto Fernández y de $1,4 millones de la primera dama Fabiola Yáñez y los sobreseyó en la causa por participar de una cena de cumpleaños en la Quinta de Olivos durante el período de aislamiento obligatorio.
Según revelaron fuentes judiciales, Mirabelli coincidió con el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, quien ya había expresado su acuerdo con las dos sumas de dinero, que en total suman unos $3 millones, y serán donadas a una institución vinculada al ámbito de la Salud, a cambio del sobreseimiento de la pareja y que se cierre la causa iniciada nueve meses atrás, por la celebración del cumpleaños de Yáñez en la Quinta Presidencial en 2020, cuando las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia del coronavirus no lo permitían.
Ahora el Presidente y la primera dama tiene 10 hábiles para depositarlo. «Fue algo que nunca debió haber pasado. Lo dije el primer día, fue algo producto del inconsciente colectivo con el que funcionaba Olivos en esa época, donde estaba repleto de gente, porque se había trasladado el trabajo allí», recordó el mandatario en las últimas horas, en una entrevista con la FM Radio Con Vos. «Yo no escondí nada», agregó, y sostuvo que en cuanto tomó «conciencia de que pasó algo que no debió haber pasado me presenté en la justicia como un ciudadano común».
Presidencia de la Nación
«Debo ser el primer Presidente que se presentó en la justicia ejerciendo su defensa personalmente», remarcó Fernández; y recordó que ofreció una «reparación en ese momento por las dudas que no aceptaran el planteo que yo había hecho». Fernández reseñó que luego no apeló «la decisión que no aceptó mi propuesta», y dijo: «No cuestioné a ningún juez» cuando «los jueces se pelearon por quien tenía la causa».
«Fui el primer Presidente de la historia de la democracia que se presentó a la justicia ante un error que se asumió como error, porque no hubo dolo», puntualizó. «Me presenté como un ciudadano más», insistió tras aclarar que «los funcionarios tienen los mismos derechos que los ciudadanos, no tienen menos derechos, y los ciudadanos en estos casos tienen derecho a proponer una reparación económica, y lo hice».
En un dictamen de 11 páginas, el fiscal Domínguez había considerado «razonable la propuesta efectuada en tanto habrá de destinársela a la adquisición de recursos para la investigación científica en materia de salud» y propuso que la donación fuera destinada a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán.
El acuerdo económico como vía de solución alternativa está previsto en el artículo 59 del código penal, cuyo inciso 6 establece que se extinguirá la acción penal «por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes».
La propuesta en nombre del Presidente había sido realizada la semana pasada por sus abogados en esta causa, Marcelo Antonio Sgro y Fabián Musso. Pero no fue la única. El primer acuerdo de compensación homologado por el juzgado fue el de la vestuarista Carolina Marafioti, que había ofrecido $200.000. También presentaron propuestas Fernando Consagra, Emanuel López y Santiago Basabilbaso, quienes donarían entre $250.000 y $300.00 para ser sobreseídos de manera definitiva.
