La justicia de Brasil condenó al presidente Jair Bolsonaro a pagar una suma equivalentes a unos 20.700 dólares como «indemnización por daños morales colectivos» a periodistas por considerar que afectó «el ejercicio de la libertad de prensa».
La jueza del 24to Juzgado Civil del Distrito de San Pablo, Tamara Hochgreb Matos, condenó al mandatario a pagar 100.000 reales como «indemnización por daño moral al colectivo» de los profesionales de la prensa.
La jueza recordó diferentes ataques de Bolsonaro a periodistas y aseguró que eso repercute sobre su ejercicio profesional, informó -el martes- el Sindicato de los Periodistas Profesionales del Estado San Pablo (SJSP) en su sitio web.
“Tales agresiones y amenazas del imputado, que no es otro que el jefe del Estado, encuentran una enorme repercusión en sus seguidores, y contribuyeron a las agresiones virtuales e incluso físicas que empezaron a sufrir periodistas en todo Brasil», sostuvo la jueza en la sentencia.
Para la magistrada, estas acciones restringieron a los periodistas en su «ejercicio de la libertad de prensa, que es uno de los pilares de la democracia».
La decisión judicial se publicó este martes, cuando se celebra en Brasil el Día Nacional de la Libertad de Prensa, y 14 meses después de que el SJSP presentara una acción civil pública contra Bolsonaro.
Esa presentación fue hecha el 7 de abril de 2021 y solicitaba a la justicia que el presidente se «abstuviera de realizar más manifestaciones con ofensa, deslegitimación o inhabilitación de la profesión de periodista o de la persona de los profesionales de la prensa, así como la filtración/difusión de cualquier dato personal de los periodistas”.
«En el Día Nacional de la Libertad de Prensa, los periodistas obtuvieron una victoria histórica contra Jair Bolsonaro», subrayó el comunicado del sindicato.
El dinero de la indemnización debe ser invertido en el Fondo Especial para Reparación de Intereses Difusos que puede destinar esos recursos a «apoyar proyectos presentados por órganos de la administración pública directa e indirecta a nivel estatal y municipal» pero también organizaciones no gubernamentales; sociales; de la sociedad civil de interés público; y «las entidades civiles sin fines de lucro que tengan por objeto actuar en estas materias», según consta en la página web de la Secretaría de Justicia y Ciudadanía del estado de San Pablo.
