El juez de control santarroseño, Carlos Matías Chapalcaz, condenó hoy, por el procedimiento de juicio abreviado, a Nino Adrián Bonivardo, a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, por ser autor de los delitos de defraudación mediante el uso de tarjeta de crédito (29 hechos), estafa (cuatro) y defraudación mediante el uso de tarjeta de crédito, en grado de tentativa (dos), y coautor de frustración maliciosa del pago de cheque, hechos todos que concursan materialmente entre sí.
El abreviado fue suscripto entre el fiscal general, Máximo Orlando Paulucci, los defensores particulares Rodrigo Adrián Villa y Georgina Lis Bonivardo y el propio imputado. Las partes convinieron, además, que Bonivardo –un comerciante de 35 años, con instrucción universitaria– deberá resarcir «en concepto de reparación del perjuicio» a algunos de los 15 damnificados.
Las defraudaciones y estafas –agrupadas en seis expedientes distintos– se cometieron entre julio de 2018 y febrero de este año y en la mayoría de los casos, el acusado habría obtenido datos personales de las víctimas porque ellas habían sido clientes de la empresa Password Viajes y Turismo, adonde Bonivardo trabajó hasta octubre pasado.
¿Cuáles fueron esas maniobras? El imputado transfirió «de manera ilegítima» dinero entre cuentas bancarias «mediante el acceso no autorizado a homebanking» y modificando el correo electrónico que tenían registrado allí los damnificados. También se «apoderó de manera ilegítima de tarjetas de crédito y débito» para realizar consumos sin autorización (pasajes de avión, reservas en hoteles del extranjero, etc.).
Además Bonivardo se hizo pasar telefónicamente por otras personas –en algún caso dijo ser hijo de uno los titulares de los plásticos– para usar e intentar usar sin autorización tarjetas de crédito con fines similares. Incluso, en un legajo, se probó que «habría creado un correo electrónico con datos» de una mujer, fingiendo ser ella en operaciones de compra de aéreos.
A otras víctimas les vendió pasajes y estadías en el exterior –servicios que fueron abonados– «a sabiendas de que los viajes no se realizarían porque no había efectuado las reservas correspondientes» y porque, a su vez, «no poseía ningún vínculo con la empresa Surland, siendo apócrifos los recibos que le entregó» a las personas estafadas. Del mismo modo actuó con una pareja a la que le ofreció un viaje a Brasil por el correo electrónico [email protected], entregándoles comprobantes ‘truchos’.
A su vez, a mediados del año pasado vendió un viaje familiar y cuando las personas estaban en Ezeiza, esperando abordar el vuelo, Bonivardo llamó por teléfono avisándoles que se había reprogramado e informándoles que debían hospedarse en un hotel –pagándolo ellos mismos– y que el operador turístico les reintegraría los gastos. Lo hizo «a sabiendas de que no le iba a devolver ese dinero, habiéndole enviado dos comprobantes de transferencias bancarias apócrifos», según puede leerse en la sentencia. Al final, los clientes volaron y los pasajes fueron abonados «mediante el uso no autorizado de los datos» de tarjetas de crédito del propio cliente y de otro damnificado.
Por último, Bonviardo también fue hallado responsable de haberle entregado al titular de Password varios cheques correspondientes a la cuenta corriente de un tercero, «siendo endosados», y posteriormente «en connivencia» con ese tercero «frustrar sus pagos mediante la contraorden de pago dada el titular de la cuenta».
«Más allá del reconocimiento realizado por el imputado, al suscribir el acuerdo de juicio abreviado, considero que los hechos se encuentran debidamente probados –señaló Chapalcaz en el fallo–.
A dicha conclusión arribo, considerando que se incorporó abundante prueba de cargo, como lo declarado por los damnificados, la vasta documental respaldatoria de esos dichos, y lo que surgió de las intervenciones telefónicas, aperturas de celulares y allanamientos».
El juez remarcó que se observó, por parte de Bonivardo, «un sinnúmero de conductas dolosas tendientes a defraudar a las víctimas, ya sea mediante la utilización sin autorización y en desconocimiento de los titulares, de sus cuentas bancarias, disponiendo de sumas de dinero; vendiendo paquetes de viajes cuyas reservas o contrataciones no habían sido realizadas; a través del uso de tarjetas de créditos de terceros sin autorización y en desconocimiento de los titulares, quedando en este caso dos hechos en grado de tentativa».
Por último, Chapalcaz señaló que también se acreditó, «como hecho independiente, y en el carácter de coautor, el haber entregado cheques al pago, y posteriormente dar la contraorden de no pago, con la plena y clara intención de impedir su cobro».
