Con la presencia del ministro de Seguridad, Horacio Di Nápoli, y del ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, se conformó ayer un Plenario de comisiones de Legislación General y Hacienda y Presupuesto para tratar el Convenio Complementario de Cooperación «Alojamiento de procesados y condenados de la provincia de La Pampa en la provincia de San Luis» en el marco del tratado «El Caldén». La iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial (PEP) fue dictaminado favorablemente por mayoría y por minoría fijando posición en el recinto.
“Nos debemos una autocrítica porque es una problemática que está hace mucho instalada en la provincia. La población carcelaria va creciendo. Sabemos que el servicio aloja a privados de la libertad de todo el país; y ese es el problema que tenemos desde hace 20 años”, reconoció Di Nápoli frente a los diputados y diputadas en el recinto de sesiones.
Luego explicó que “cuando la demanda fue mayor, comenzamos a ver nuevas alternativas de alojamiento de nuestros detenidos”. “De modo tal que acudimos a la provincia de San Luis porque sabemos que tienen un servicio penitenciario muy bueno”, aseguró.
“Nos pudieron dar 40 cupos que en principio va a ser para condenados. Sabemos que con esto no le damos una solución a la problemática, pero es un primer paso que estamos dando”, señaló.
OBRAS
Di Napoli se refirió a las obras que están en ejecución para solucionar la problemática. “Está la construcción de un nuevo pabellón donde vamos a albergar 40 privados de la libertad y 20 más en la Unidad Regional 2. También se firmó una carta de intención con San Luis para construir una cárcel para 700 privados de la libertad, de los cuales 350 serán detenidos pampeanos”, reveló.
“Los presos no pueden estar en alcaldías o comisarías y la policía tampoco está para cuidar presos. Por eso está el compromiso de construir una cárcel en el límite de La Pampa con San Luis, por una cuestión de cercanía. Esta va a ser la solución al problema que tenemos”, cerró el funcionario provincial.
