Representantes del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo se reunieron ayer, en el Superior Tribunal de Justicia, con los cuatro fiscales generales, la defensora general y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes para analizar la implementación de la ley provincial 3353 sobre el nuevo Procedimiento Penal para Adolescentes, que entrará en vigencia el 1 de agosto del año próximo.
Después de que la semana anterior se conformara la comisión interpoderes, tuviera su primer encuentro y resolviera citar a distintos funcionarios y organizaciones; la ronda de consultas arrancó con ellos seis.
Así fue que concurrieron a la Biblioteca del STJ los fiscales generales por la Primera Circunscripción Judicial, Guillermo Sancho y Máximo Paulucci (Santa Rosa); por la Segunda Circunscripción, Armando Agüero (General Pico) y por la Tercera Circunscripción, Alejandro Sebastián Mendiara; la defensora general del Ministerio Público de la Defensa, Carina Mariana Ganuza; y el defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Pablo Meaca.
Allí fueron recibidos por el presidente del Superior Tribunal, Hugo Oscar Díaz, y el ministro Fabricio Luis Losi, en nombre del Poder Judicial; y por los subsecretarios Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino, y de Justicia y Registros Públicos, Pablo Boleas, y el director general de Promoción de Derechos Humanos, Alejandro Osio, por el Poder Ejecutivo.
En el cónclave se conversó sobre distintos aspectos de la nueva normativa, se escucharon las opiniones de los visitantes y se ratificó que en el segundo semestre del año se dictarán capacitaciones –en la temática de justicia penal para adolescentes– para todos los integrantes del Poder Judicial que vayan a desempeñar funciones vinculadas a ella.
CAPACITACIONES
Las capacitaciones previas a la implementación del Procedimiento Penal para Adolescentes son obligatorias y así quedó establecido, recientemente por la Legislatura provincial, en el texto que prorrogó la entrada en vigencia de la ley 3353 hasta agosto de 2023.
Después de la convocatoria de hoy, la comisión tiene pensado oír también al Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales, a la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal y a la Procuraduría General, entre otros.
JUSTICIA RESTAURATIVA
La nueva norma apunta a una justicia restaurativa, a tal punto que en uno de sus capítulo prevé un programa con ese nombre. Allí establece que “el Ministerio Público Fiscal utilizará, dentro de los mecanismos de resolución de conflictos, programas de justicia restaurativa, a fin de procurar la conciliación entre las partes; posibilitar la reparación voluntaria del daño causado; evitar la revictimización; y promover la autocomposición en un marco jurisdiccional y con pleno respeto de las garantías constitucionales, tendiendo a neutralizar o minimizar los perjuicios derivados del proceso penal tanto en víctimas como en victimarios/as”.
Además señala que no procederá la resolución alternativa del conflicto, mediante el programa restaurativo, cuando se trate de casos de violencia intrafamiliar o de género –en cualquiera de sus tipos o modalidades–, delitos contra la integridad sexual y donde se acredite una asimetría de poder.
