En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, se aprobó –por unanimidad- la iniciativa del gobierno provincial donde se regula el Sistema Provincial de Historia Clínica Digital única y el Sistema de Telemedicina en La Pampa.
El miembro informante, Martín Balsa, explicó: “La iniciativa prevé que todos los profesionales de la salud deban registrar su actuar en la historia clínica, para que se pueda tener acceso en tiempo real en cualquier parte de la provincia”. “También se crea una base de datos con la finalidad de descentralizar la información”, dijo.
La sesión fue presidida por la legisladora Alicia Mayoral, ya que el vicegobernador Mariano Fernández se encuentra cumpliendo funciones en el Poder Ejecutivo Provincial.
En cuanto al sistema de telemedicina, dijo que anteriormente “los pacientes tenían que ser trasladados hasta los centros asistenciales en Pico o Santa Rosa. Desde que está en funcionamiento el sistema, se derivaron muchísimos menos pacientes, lo que implicó un ahorro para la provincia, y mejoró el tratamiento para aquellos que necesitaban ser atendidos con urgencia. Este es un programa que salva vidas”, destacó.
DISIDENCIAS
Desde la UCR, Marcos Cuelle señaló dos disidencias. Manifestó que no acompañan el artículo 5 porque “creemos que tiene que ser la firma digital y no la electrónica, sobre todo después del caso Lucio”. “Todos tuvieron la historia clínica de Lucio, y hay que establecer patrones de seguridad y la firma electrónica no garantiza eso”, expresó.
Además planteó una modificación en el artículo 18 para que el paciente que es propietario de la información “la tenga cuando la necesite en cualquier parte, esté donde esté”.
Por su parte, Laura Trapaglia apuntó que “la historia clínica y la telemedicina son cosas distintas. Al juntarlas en este proyecto, se produjo un debate acotado”.
Sobre la historia clínica, dijo que “debemos tener en cuenta las condiciones de seguridad de los datos”. A su vez, sobre la telemedicina, agregó: “No es susceptible de ser aplicada en todos los casos, por lo cual el Estado debe seguir bregando para que haya más profesionales en toda la provincia. Además no podemos desconocer la brecha de conectividad”, concluyó.
CONVENIO CON SAN LUIS
Más adelante se aprobó por mayoría y se rechazó por minoría, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio Complementario de Cooperación «Alojamiento de procesados y condenados de la provincia de La Pampa en la provincia de San Luis» en el marco del tratado «El Caldén”.
La legisladora Valeria Luján indicó que “este convenio da la posibilidad de tener 40 personas alojadas hasta que nuestra provincia pueda dar una respuesta definitiva a esta problemática”.
Marcos Cuelle sostuvo que el Ejecutivo provincial no deja “alternativas”, y señaló que “esta iniciativa es ir de ‘Guatemala a Guatepeor’”. “Alojarlos en otras provincias y desvincularlos de sus familias es complejo. Tenemos que lograr que no se pierda vinculación para resguardar su salud física y mental”, dijo.
Por su parte, Martín Ardohain expresó: “Este acuerdo que garantiza 40 plazas no es más que una alternativa de emergencia y de ningún modo puede ser considerada como una solución a largo plazo”. A su vez, remarcó que “si la provincia desvincula a los presidiarios de sus familiares, estarían cumpliendo una doble pena”.
Por otro lado, el diputado Julio González señaló que “se ha dicho que es una ‘solución coyuntural’, pero esto viene a dar, justamente, una solución”. Sobre la vinculación de los presidiarios con sus familiares, indicó que está “garantizada”. Y agregó: “Es una solución concreta a un problema concreto”.
Francisco Torroba manifestó: “Estamos votando un bache insuficiente. Estamos ante un verdadero barullo porque la complejidad social se incrementa”.
LEY DE PIROTECNIA
En otro orden, se aprobó por mayoría el proyecto de ley por el que se modifica la Autoridad de Aplicación de la Ley de pirotecnia.
Desde la UCR, Agustina García tomó la palabra y sostuvo: “No creemos que sea Defensa al Consumidor el área pertinente para aplicar esta ley. Creemos que este rol lo deben cumplir los municipios”.
El diputado Marín expresó que “son legítimas las observaciones, pero quiero dejar en claro que es un pedido expreso del Ejecutivo para la aplicación de la ley. Defensa del Consumidor ya viene haciendo controles, como el control de precios”.
