Excombatientes de Malvinas pidieron este martes a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que revise la pensión honorífica que recibe el exmilitar Aldo Rico, tras las declaraciones golpistas del pasado 22 de julio, ya que –explicaron– hay un decreto que «impide acceder al beneficio a quienes fueron sancionados por delitos contra el orden constitucional y la vida democrática».
En una nota dirigida a Fernanda Raverta, titular de la Anses, la Mesa de Coincidencias Malvinas (Mecoma), colectivo que agrupa a exsoldados y civiles que participaron de la guerra, advirtió que existen «irregularidades en el otorgamiento y continuidad de beneficios contemplados en la Ley 23848», específicamente «en el estricto cumplimiento del artículo 6° del Decreto 1357/04».
Esa ley, indicó la Mecoma, «otorga la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, un reconocimiento basado de los méritos y honores, de carácter no contributivo y graciable, que constituye en verdad un instituto de reconocimiento, puesto que excede los estándares de los derechos previsionales ordinarios». En ese marco, señalaron los excombatientes, «corresponde que al interpretarlo se aplique un temperamento preciso y restringido».
A través del artículo 6 del decreto N°1357/04, continuó el colectivo en la nota dirigida a Raverta, el Poder Ejecutivo Nacional establece supuestos de gravedad que impedirían el acceso al beneficio honorífico.
«Los veteranos de guerra que hubieran sido condenados, o resultaren condenados, por violación de los derechos humanos, por delitos de traición a la Patria, o por delitos contra el orden constitucional, la vida democrática u otros tipificados del Código Penal, no podrán ser beneficiarios de las pensiones de guerra a que se refiere el presente decreto”, dice ese artículo.
«Desde nuestras organizaciones bregamos por el cumplimiento de dichas normas y más aún por tratarse de un universo de beneficiarios donde muchos de ellos formaron parte de las estructuras de las FF.AA durante la dictadura cívico militar. Posteriormente, ya recuperada la democracia, miembros de las FF.AA y de Seguridad cometieron actos ilícitos como los episodios llevados a cabo en los alzamientos militares en los años 1987, 1988 y 1990», indicó el Mecoma a través de u comunicado.
En ese sentido, el colectivo recordó que el viernes 22 de julio circuló un video en el que Rico, «recordado por todos los argentinos como un desestabilizador del sistema democrático, lanza una proclama cuyas manifestaciones fueron repudiadas por antidemocráticas y desestabilizadoras».
En el video, el excarapintada que protagonizó desfiles patrios durante el gobierno macrista aseguró que “estamos en manos de un grupo de personas que nos quieren arrastrar hacia Venezuela, hacia Irán, hacia Cuba» y que «la sociedad no está dispuesta a tolerar esto”. Y agregó, en un mensaje a las Fuerzas Armadas: “Les pido que se pongan de pie, que se unan, que se organicen y que establezcamos un adecuado enlace entre todos nosotros. Tenemos que estar al lado del ejército si las circunstancias se pronuncian en más disolución y violencia”.
Ante este episodio, los excombatientes revisaron registros y observaron que Rico es beneficiario de la Pensión Honorífica, por lo que pidieron «su revisión y que se verifique si en este caso se viola lo establecido en el artículo 6° del decreto 1357/04, al tratarse de recursos que surgen del erario público». Por último, ofrecieron «contribuir» desde la experiencia y conocimiento «para que la impunidad no sea premiada».
