La vicepresidenta volvió a presentar un pedido de recusación contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien instruye la causa por el intento de magnicidio en su contra, por considerar que la magistrada tiene una «dependencia» del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.
«Anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado», señaló la exmandataria en sus redes sociales. Fernández de Kirchner expresó, desde su cuenta de Twitter, que formuló la presentación «en épocas de derechas violentas», en referencia al intento golpista registrado el domingo último en Brasil.
Entre los fundamentos de la presentación, difundida hoy, los letrados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, quienes representan a la vicepresidenta, sostuvieron que «el día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un ‘trabajo’ rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de CABA». «Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana», indicó el texto.
En la presentación se indicó que «participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica, más allá de lo que se haga en el organismo». Los letrados de la vicepresidenta señalaron que «las tareas de investigación y planificación de políticas públicas para un organismo ejecutivo están netamente prohibidas para los jueces. Y, como vimos, el Observatorio del ISSP no tiene entre sus funciones las actividades de docencia, por lo que, si Capuchetti hace algo además de cobrar un sueldo, es diáfano que es algo incompatible con su cargo».
La presentación de la vicepresidenta tiene lugar en el marco de la causa caratulada «Sabag Montiel, Fernando s/ homicidio en grado de tentativa», que la tiene como querellante. Fernández de Kirchner ya había formulado un pedido de recusación contra la magistrada el 14 de noviembre del año pasado, a partir de lo que consideró como «irregularidades y arbitrariedades» cometidos por la jueza «desde el primer día» de la investigación por el atentado ocurrido en su domicilio de Recoleta el 1 de septiembre de 2022.
