El Poder Ejecutivo confirmó la inclusión en el temario de la convocatoria a sesiones Extraordinarias del Congreso el pedido para someter a juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y anunció que enviará otras iniciativas vinculadas con reformas al sistema judicial, como un proyecto para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal, la modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura y una norma relacionada al tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación.
Así fue anunciado esta tarde, en conferencia de prensa desde la Casa Rosada, por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien confirmó la convocatoria del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias, que regirá desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero próximos, para tratar 27 proyectos de ley, entre los que también figuran iniciativas relacionadas con la promoción científica y tecnológica, la creación de universidades nacionales y con el régimen previsional.
De esta manera, el presidente Alberto Fernández pretende darle celeridad al trámite de juicio político que alcanzará a Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, y a los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes son acusados por el Ejecutivo de incurrir en mal desempeño y parcialidad.
«Nosotros esperamos que la oposición no sea lo suficientemente irresponsable, como lo ha venido siendo durante este tiempo (…) para recapacitar y sentarse en el lugar del diálogo democrático que es el Congreso de la Nación», dijo Cerruti en la conferencia de prensa, en relación a la decisión de la oposición parlamentaria de Juntos por el Cambio (JxC) de no tratar las iniciativas que el gobierno pretende que sean analizadas en el período de sesiones extraordinarias, si no se excluía del temario el pedido de juicio político a los miembros de la Corte.
En ese sentido, Cerruti argumentó que el Ejecutivo envió al Parlamento un «extenso temario de 27 puntos» que incluye «temas importantísimos para todos los argentinos», y que van desde el «desarrollo productivo», hasta temas vinculados con el sistema de justicia, como el tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación, el proyecto de Ley de ampliación del número de integrantes del máximo tribunal, y la iniciativa de modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura, temas que -recordó- «la misma Corte ha pedido que se llevan adelante».
«Nos parece que el temario es lo suficientemente importante y extenso como para que la oposición entienda que, en el libre juego democrático y en el libre juego de las instituciones, hay que sentarse a debatir en el Congreso que es el lugar de los acuerdos, de los consensos y de los debates», insistió, al tiempo que le reclamó a los opositores «no extorsionar al Gobierno y, por lo tanto, a la sociedad con solo tratar los temas que a ellos les interesan».
El proceso de remoción de los supremos abordará dos cuestiones: la primera es la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada Ley 24.937, una decisión que fue calificada como «un hecho insólito» por el Gobierno; y la otra cuestión es el análisis de medida cautelar que restituyó fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
Para el Gobierno, con el fallo sobre el Consejo de la Magistratura el máximo tribunal «violó la división poderes» al tratarse de un tema «que debe resolverse en el Congreso de la Nación o en el Poder Ejecutivo, porque es algo que involucra a todas las provincias», según evaluó la propia Cerruti días atrás en una de sus habituales conferencias de prensa en Casa Rosada.
«Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional», indicó el Presidente al anunciar el primer día de este año su decisión de iniciar el juicio político.
Y sobre el fallo que benefició al distrito porteño, el jefe de Estado subrayó que su deber era «promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica».
Fernández basó su planteo a través del artículo 53 de la Constitución Nacional, que prevé que la Cámara de Diputados «ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones».
El Presidente contó con el apoyo de 11 gobernadores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
Además, los vicegobernadores del Norte Grande, Rubén Dusso (Catamarca), Florencia López (La Rioja), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Sergio Mansilla (Tucumán), Analía Rach Quiroga (Chaco) y Eber Solís (Formosa) respaldaron también la iniciativa consensuada entre el Presidente y los mandatarios provinciales y pidieron al Parlamento que «las instituciones sean restablecidas» para que sean «garantes de la República».
Otros gobernadores, Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones), habían cuestionado el fallo de la Corte que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a CABA pero no se pronunciaron sobre el pedido de juicio político.
El pedido de juicio político se conoció luego de haberse hecho pública la difusión de chats que habría mantenido el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’ Alessandro con Silvio Robles, vocero y principal colaborador de Rosatti, presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, escándalo que obligó al funcionario del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a tomar licencia en el cargo.
En conferencia de prensa de esta tarde, Cerruti evaluó que «es necesaria una reforma judicial» porque «la Justicia en Argentina socava el Estado de derecho», y recordó la reunión que un grupo de jueces, funcionarios del Gobierno porteño y directivos del Grupo Clarín, mantuvieron en octubre pasado en estancia de Lago Escondido propiedad del magnate británico Joe Lewis, que está siendo investigada por la justicia.
«La reunión de Lago Escondido demuestra que la justicia en la Argentina actúa en contra del estado de derecho, cuando un grupo de jueces se reúne con un empresario periodístico y con funcionarios para organizar fallos judiciales, y no solo eso, sino que además después arman un intento de encubrimiento» de ese encuentro, advirtió.
La portavoz cuestionó además el fallo del máximo tribunal sobre el Consejo de la Magistratura «en la cual se autoproclamó presidente del Consejo el actual presidente de la Corte (por Horacio Rosatti) o por el fallo respecto la Ciudad de Buenos Aires», con el que -dijo- «avanzaron sobre el resto de las provincias».
En tanto, la titular de la Comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados, Carolina Gaillard, sostuvo hoy que ya realizaron una reunión para «analizar la vinculación» del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti con el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.
En declaraciones a El Destape Radio, la diputada aseguró además que todos los miembros de la comisión que forman parte del Frente de Todos (FdT) «manifestaron su compromiso de garantizar el quórum» para tratar el pedido de remoción a los integrantes del máximo tribunal.
