Tres funcionarios judiciales advirtieron sobre «el uso responsable de las redes sociales» y las consecuencias «de las huellas digitales» que quedan en ellas cuando se suben fotos y videos, durante una charla que brindaron en el Instituto José Hernández de Colonia Barón para los alumnos y alumnas de primero, segundo y tercer año.
La jueza de control, María Florencia Maza; la defensora oficial, María Silvina Blanco Gómez; y el fiscal Facundo Emanuel Bon Dergham, se trasladaron hacia esa localidad en el marco del programa del Superior Tribunal de Justicia, «Educación + Justicia».
Disertaron ante unos 70 estudiantes/as sobre varios temas, pero fundamentalmente hicieron hincapié en la necesidad de utilizar las redes sociales con responsabilidad. «Nadie les dice que no se manejen con las redes, simplemente que sepan que cuando suben una publicación están dándole mucha información a personas que no conocen», remarcaron los funcionarios.
Durante la actividad, que se extendió por poco más de una hora, los alumnos/as formularon preguntas y una de ellas comentó la iniciativa que tuvieron de abrir una cuenta en Instagram para contar los hechos positivos que suceden en Colonia Barón.
Con la apoyatura de un video, donde se mostró cómo una adolescente fue hackeada cuando le envió una foto a su novio, y posteriormente chantajeada por un hombre con enviársela a sus amigos y a sus padres; Maza, Blanco Gómez y Bon Dergham enfatizaron que «una vez que una imagen es subida, ese material ya no nos pertenece y queda ahí para siempre».
A su vez, la defensora afirmó que «los groomers no son solo hombres de aspecto feo como el del video, sino que también suelen ser mujeres».
Ejemplos
Más adelante, los funcionarios –siempre refiriéndose a los ciberdelitos– exhibieron otro video referido al caso de Micaela Ortega, la niña de 12 años que en mayo de 2016 fue hallada muerta en un descampado de Bahía Blanca.
En el juicio al homicida Jonathan Luna –que en ese momento gozaba del beneficio de las salidas transitorias ya que había sido condenado en otra causa– se dictó la primera sentencia en el país por un caso de grooming seguido de muerte. Por ello fue que Blanco Gómez pidió al alumnado «no contactarse con personas desconocidas» a través de las redes sociales o, en todo caso, chequear quiénes son ellas.
A su vez, Maza trajo a colación un fallo de la Corte Suprema de la Nación del año pasado por el que se le negó a Natalia Denegri el llamado «derecho al olvido»; una causa relacionada con el control del funcionamiento de la Inteligencia Artificial (IA) que rige los motores de búsqueda en internet.
Denegri, involucrada en la década del ’90 en el caso Cóppola, había solicitado que Google suprimiera la información que asociaba a ella con el caso por considerarla perjudicial, antigua, irrelevante e innecesaria. Sin embargo, la Corte privilegió el derecho a la libertad de expresión y dijo que la mujer se expuso voluntariamente en programas de televisión y que la eliminación del material pondría «en serio riesgo la historia, como también el ejercicio de la memoria social que se nutre de los diferentes hechos de la cultura».
La jueza remarcó que «Denegri es una mujer que se fue del país y armó una vida absolutamente a la que tenía cuando era joven, pero sin embargo cada vez que se pone su nombre en un buscador, lo primero que aparece es el caso Cóppola. Por eso le decimos que usen las redes de manera responsable, porque lo que publiquen hoy quedará siempre, para cuando ustedes tengan 50 años».
PROGRAMA EDUCATIVO
‘Educación + Justicia’ es una propuesta del STJ que tiene como objetivo principal promover un acercamiento real de la sociedad pampeana a la Justicia y, fundamentalmente, de los/as alumnos secundarios que están próximos a cumplir la mayoría de edad.
A través de él se brindan diferentes ofertas pedagógicas: asistencia a juicios, simulacros de juicio, charlas en escuelas y visitas guiadas. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación y fue declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados.
