Personal de Gendarmería Nacional realizó un operativo contra la trata de personas en la ciudad fueguina de Río Grande donde fueron rescatadas siete mujeres mayores de edad y se imputó a otra como presunta responsable de regentear una organización dedicada a ese tipo de delitos, confirmaron hoy fuentes judiciales.
El operativo concretado durante el fin de semana, aunque revelado hoy a la prensa, fue ordenado por el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, con intervención del fiscal Marcelo Rapoport, explicaron los voceros consultados.
Los efectivos del Escuadrón 62 de Gendarmería, con la colaboración de personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la ciudad de Ushuaia, realizaron tres allanamientos simultáneos, uno de ellos «en un domicilio de la calle Cabo Benítez al 800 del barrio AGP», donde «funcionaba un sitio dedicado a la prostitución».
En el lugar se liberaron a las mujeres, supuestas víctimas de trata, y se detuvo a otra persona identificada como Eloísa Nieva, sindicada como responsable de la organización.
Según las fuentes, Nieva ya había sido detenida y liberada en relación a un proceso similar (por lo que se trataría de una reincidencia) mientras que la misma vivienda había sido allanada en 2017 y se había comprobado su utilización como prostíbulo, rescatándose en aquel momento a cinco mujeres que estaban acompañadas de algunos de sus clientes.
Esta vez también fueron secuestrados teléfonos celulares, un posnet, dólares estadounidenses y pesos argentinos y «otro tipo de documentación de interés para la causa».
Los voceros dijeron que las tareas de investigación «demandaron varios meses» y sirvieron para demostrar que en los domicilios allanados «se realizaban actividades en infracción a la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas».
Las mujeres rescatadas fueron contenidas por un equipo interdisciplinario dependiente de la Comisaria de Género y Familia.
Por su parte la imputada fue indagada hoy por la jueza Borruto y el fiscal Rapaport solicitó su prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso.
El origen del operativo fue un llamado la línea telefónica 145 que está habilitada para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata de personas, es gratuita, nacional y brinda contención y acompañamiento las 24 horas, todos los días del año.
