La petrolera Raízen –que es la licenciataria de Shell tras una asociación con el grupo brasileño Cosan- fue denunciada en las últimas horas, luego de que la Aduana constatara una serie de importaciones con valores inflados que dan cuenta de una operatoria de sobrefacturación.
El caso tiene dos datos llamativos: la elevadísima diferencia entre el valor real de la mercadería que se intentó ingresar al país y el declarado en sede aduanera; y el justificativo que la empresa brindó a las autoridades a través de su proveedor, incluyendo costos logísticos sin correspondencia de mercado y sin una lógica económica aparente.
El resultado, de acuerdo a la información corroborada, es una intimación a pagar una multa millonaria por infracción al Código Aduanero por declaración inexacta que puede superar los $800 millones. La mercadería se encuentra bloqueada en el Puerto de Buenos Aires y por ende también el giro de divisas que ya estaba autorizado, a partir de esta irregularidad.
Raízen Argentina SAU lleva adelante un proyecto para la construcción de una planta llave en mano de tratamiento de gasoil por el que tenía autorizada las correspondientes SIRA.
Sin embargo, en una verificación física a cuatro contenedores arribados al país, agentes de la subdirección de Operaciones Aduaneras Metropolitanas se encontraron con la documentación de origen de la misma mercadería declarada –en tipo y cantidad- que era sensiblemente inferior a lo que se había declarado como valor FOB.
Con origen en Reino Unido pero facturada por una tercera firma italiana, Wood Italiana SRL, se halló en un contenedor la lista de empaque original que daba cuenta que el material importado para tableros eléctricos tenía un valor real de 9.718 euros, mientras que para su ingreso al país se lo valuó con un costo de 363.585,70 euros, una cifra 3.741% superior.
El promedio de la sobrefacturación fue de 16 veces el monto real en un mecanismo idéntico para todas las operaciones detectadas.
En un segundo contenedor, el listado de empaque original de parte de la firma SOELDU daba cuenta de la misma descripción de la mercadería y destino para el proyecto de la planta llave en mano –lo que permitió a través de los remitos y facturas constatar la trazabilidad porque coincidían en sus valores unitarios con el otro contenedor- pero en este caso fue declarada por 134.815,47 euros cuando su valor de exportación real fue de apenas 5.728 euros, de acuerdo a los documentos encontrados. Del mismo modo, pero sin tanta diferencia, un tercer contenedor con un proveedor denominado Indutec Soluciones Técnicas facturó por 6.698,75 euros la mercadería que se pretendía ingresar por 11.604,90 euros, siendo el caso más leve.
El cuarto contenedor descubierto almacenaba componentes eléctricos también con Indutec como proveedor y con documentación que certificaba que su valor era de 147.584 euros. Ese envío estaba declarado en la Aduana por 225.382 euros. La diferencia era inexplicable.
Sin embargo, para agregar singularidad al caso, cuando Raízen -cuyo CEO actual es Andrés Cavallari- fue notificada de la irregularidad y del operativo para que argumente el motivo de las diferencias, ensayó una curiosa justificación remitiendo una nota del proveedor donde terminaba por admitir la abismal diferencia de valores en la mercadería importada pero lo atribuía a sobre costos de servicios de corretaje, brokers, markup (concepto que calcula el precio de venta) e ingeniería, entre otros. Y que todo ello, formaba parte del contrato de provisión con la petrolera.
El problema es que esto confirma que los bienes que se intentaron ingresar no valen lo que declararon en sede aduanera, sino que todos esos conceptos se deben declarar por otra vía y nunca pueden integrar lo que se denomina valor FOB. Lejos de aclarar, la explicación se vuelve más vidriosa.
El proceso ahora quedará en manos de un juez contencioso por la infracción al Artículo 954 del Código Aduanero que penaliza el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, y que prevé una sanción con una multa de uno a cinco veces el importa de la diferencia. Sin embargo, las características del caso pueden motivar a que el juez administrativo solicite prueba adicional sobre la operación precisamente porque el argumento del sobre costo no tiene relación con la mercadería que se está importando. Incluso, si de otras pruebas se desprende que pudieron haber incurrido en algún delito de tipo penal.
Por lo pronto, los contenedores continúan bloqueados en el puerto y su estatus impide también que las divisas a valor oficial para realizar los giros al exterior sean liberadas por el BCRA.
