El subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Titarelli, se reunió con los representantes de la Fundación Campo Limpio, Alberto André y Andrés Arakelían, y el gerente de la Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios (CEPIA), Raúl Taboada. El objetivo del encuentro giró en torno al plazo de vencimiento para la construcción de centros de almacenamiento para bidones vacíos de agroquímicos, condición indeclinable para la continuidad de la comercialización de estos productos en La Pampa.
Tittarelli indicó que el encuentro fue solicitado por representantes de la Fundación Campo Limpio, después que se les enviara una nota comunicando que en enero “vencen los plazos para la construcción de los centros de almacenamiento y sistema de trazabilidad de los bidones vacíos”. Y se avisó que después “no iban a poder comercializar sus productos en la Provincia, por lo cual nos solicitaron la reunión de forma urgente para tratar el tema”, explicó.
“Desde la Subsecretaría de Ambiente dejamos en claro la decisión del Gobierno Provincial que a partir de enero empezaremos a cumplir lo estipulado en la Ley de Presupuesto Mínimo de Envases Fitosanitarios, y que ensamblada a la cadena de productividad existe una cadena de responsabilidad que involucra al productor, aplicador, al profesional que emite las recetas agronómicas, al vendedor de agroquímicos y los actores no menos importantes que son los intendentes”, indicó en funcionario provincial.
“ACTOS CRIMINALES”
Titarelli se refirió también a los trabajos de control impulsados desde el Gobierno Provincial, pero reconoció que es difícil tener un control total sin el acompañamiento de las partes. “Desde el Poder Ejecutivo podemos generar la legislación necesaria, que de hecho estamos haciendo, podemos monitorear cómo lo hacemos, pero necesitamos el apoyo de todas las partes involucradas, y, sobre todo, actuar de una manera responsable en todos los eslabones de la cadena”, planteó. “Es inadmisible que aparezcan bidones sucios y tirados por cualquier lado, que más allá del impacto ambiental que generan, es un acto criminal porque estamos hablando de la salud de las personas. Se dejó establecida la necesidad imperiosa que a partir de enero esté organizado todo el sistema para que funcione normalmente”, concluyó.
