El Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza comenzó hoy a juzgar a 28 expolicías provinciales que integraron el Departamento de Informaciones (D2) en la última dictadura cívico militar por delitos cometidos contra más de 300 personas entre 1974 y 1981. En medio del debate, el fiscal reveló que uno de los imputados no cumplía con la prisión domiciliaria ordenada dado que lo reconoció como uno de los empleados de la playa de estacionamiento donde a diario deja su automóvil.
El Tribunal integrado por los magistrados Alejandro Piña, Alberto Carelli y Paula Marisi dio inicio a las 10 al debate oral y público de la megacausa conocida como «D2», con la identificación de los imputados, tanto los presentes en la sala como los conectados de forma virtual por temas de salud, distancia u otras circunstancias.
De manera inesperada, el fiscal Daniel Rodríguez Infante advirtió durante la lectura de identificación que uno de los imputados, presente en la sala, no cumplía con la prisión domiciliaria impuesta por la justicia.
«Ha pasado cierto tiempo de las indagatorias entonces naturalmente no recordamos los rostros de todos los acusados pero cuando se identificó el señor Antonio Marcos Ochoa Albornoz, que está aquí, es la misma persona que trabaja todos los días en la playa de estacionamiento en la cual dejo mi auto. Este señor debería estar en prisión domiciliaria», expresó Rodríguez Infante ante el Tribunal.
Tras chequear en el registro y comprobar que efectivamente figura que el imputado hace tareas contables en un estacionamiento, el fiscal solicitó que se le revoqué la prisión domiciliaria y se lo detenga.
El juez Carelli contestó que «desde secretaría se ocuparán de la situación de Ochoa dada a conocer» y prosiguió con la identificación de los imputados.
Durante la audiencia de hoy se definió además, en acuerdo de las partes, que la lectura de elevación se enviará de manera digital a los imputados para ganar tiempo y se pasará a la etapa de alegatos de apertura por parte de la fiscalía, el próximo 18 de agosto.
La Secretaría de Derechos Humanos informó en un comunicado que la D2 «se especializó en tareas de inteligencia contra militantes y organizaciones políticas desde antes de la dictadura cívico-militar» y «fue uno de los principales brazos ejecutores del terrorismo de Estado» en Mendoza.
El TOF 1 se encargará de juzgar secuestros, tormentos, homicidios, robos, lesiones, abusos y violaciones cometidas entre agosto de 1974 y abril de 1981 contra más de 300 personas, de las que 71 fueron asesinadas o desaparecidas, en lo que es el decimotercer juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en la provincia.
De las víctimas, más de una docena era menor de edad cuando ocurrieron los hechos.
En cuanto a los 28 imputados, 15 nunca fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad.
