El gobierno de Lenín Moreno y el movimiento indígena alcanzaron un acuerdo para poner fin a las protestas que estallaron hace más de diez días. El gobierno ecuatoriano se comprometió a derogar el decreto que eliminaba el subsido estatal a los combustibles.
Sucedió luego de más de diez días de movilizaciones ininterrumpidas que fueron respondidas con fuertes represiones por parte del gobierno. La instancia de diálogo, televisada a pedido del movimiento indígena, fue fuertemente esperada en un país marcado por un conflicto que ha impactado por los niveles de violencia.
La mesa de diálogo estuvo mediada por Naciones Unidas Ecuador y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y contó con la participación del presidente Moreno, el ministro de economía, Richard Martínez, y diferentes movimientos indígenas agrupados centralmente en la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
El punto central de debate giró en torno al decreto 883 que quitó los subsidios estatales a la gasolina, y fue la medida que mayor rechazo generó en la población. La CONAIE mantuvo una posición de firmeza desde el inicio del conflicto: la necesidad de derogar del decreto.
La posibilidad para avanzar en el diálogo tuvo como punto central el decreto 883, “una medida que genera injusticia social, no aporta al desarrollo nacional, no tiene ninguna coherencia fiscal, ha provocado una convulsión social y una pérdida millonaria”, como afirmó Jaime Vargas, presidente de la CONAIE.
“El pedido del país es la derogatoria del decreto, si en este momento se decide, entonces el país se tranquiliza totalmente en todos los territorios”, agregó Vargas.
En los discursos de los diferentes dirigentes indígenas estuvo presente la dimensión de la protesta, la violencia del gobierno, y la necesidad de recuperar la paz en medio de un escenario que tomó amplitudes que pocos esperaban.
La protesta contra el decreto 883 escaló a medida que pasaron los días desde su anuncio el 1 de octubre. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo ya se cuentan siete muertos, 1152 detenidos y 1340 heridos. En esos más de diez días se movilizaron transportistas, la CONAIE, jóvenes, barriadas populares, profesionales, campesinos.
La jornada del domingo estuvo marcada por esa misma dinámica: bloqueos de carreteras en el país y en el acceso a la capital, protestas en barrios populares, cacerolazos, y una movilización seguida de represión bajo la lluvia en el centro de Quito.
Si bien las movilizaciones y la protesta han abarcado a muchos sectores sociales, la CONAIE ha tenido el peso determinante en cuanto a la radicalidad, capacidad de nacionalización y de prolongación del conflicto. Por eso el diálogo con el gobierno ha sido con el movimiento indígena.
Moreno enfrenta una crisis profunda social, política, que busca descargar en la responsabilidad del expresidente Rafael Correa y los dirigentes de la revolución ciudadana como Gabriela Rivadeneira, y hasta en el mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quienes acusa de estar detrás de la violencia. Esa misma acusación contra Correa fue retomada por Vargas, quien pidió que sea perseguido por la justicia.
Su voz fue contradicha por otro dirigente de la CONAIE, Leónidas Iza, quien afirmó: “Nosotros queremos ser claros, no es un acto de la gente correista, no creemos que Correa tenga la capacidad de mover tanta gente”.
El conflicto en Ecuador, que tomó formas de un escenario de barricadas y fuego, está entonces en instancias de diálogo en medio de una crisis que no se veía en el país desde el año 2005 cuando fue destituido el presidente Lucio Gutiérrez. Más allá del avance en la mesa de diálogo, el dirigente de la CONAIE, Abelardo Granda, ya afirmó una de las conclusiones más duras: “¿Y las muertes quién las paga? Mediante un decreto se puede recuperar al país, pero no a la vida”.
