La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de los empresarios involucrados en una mega maniobra de sobrefacturación de importaciones que tenía por destino operaciones en Vaca Muerta y donde, además, se trianguló el dinero para que fuera liquidado a través de dólares financieros, obteniendo un beneficio adicional aprovechando la brecha.
El caso configuró la primera investigación que logró corroborar todos los extremos de la operatoria tras recibir datos aportados por la FinCen de Estados Unidos en la aplicación de los acuerdos de intercambio de información tributaria.
Los responsables de la firma NRG SA que también aparecían relacionados a sus supuestos proveedores en el exterior y eran beneficiarios finales de cuentas radicadas en entidades bancarias de ese país que utilizaron agentes de bolsa locales para retornar las divisas y liquidarlas a valores de CCL.
Ahora, el tribunal de apelaciones no solo convalidó los hallazgos de la causa, sino que ordenó profundizar por qué la Aduana no había advertido antes la irregular operatoria.
El caso involucró a la empresa NRG que había recurrido a dólares al valor oficial del BCRA para concretar una serie de importaciones desde los Estados Unidos por bienes de capital por u$s 232 millones entre enero de 2019 a junio 2022. El supuesto objetivo era el ingreso de equipamiento para el montaje y la puesta en funcionamiento de “una planta para producir arenas silíceas”.
Luego de la denuncia de la Aduana-AFIP Oscar César Darío Güercio, Damián Strier, Pablo Andrés Marull fueron procesados por contrabando agravado y defraudación a la administración pública, mientras que Karina Cantafio lo fue como partícipe necesaria. Todos tildaron de arbitraria esa resolución tomada por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, pero la Cámara consideró que su decisión “estuvo fundamentada y motivada en los hechos comprobados en el expediente”, lo mismo que los millonarios embargos dispuestos.
DESTINO VACA MUERTA
Güercio y Strier actuaron en nombre de NRG concretando 24 destinaciones de importación que tenían como proveedor a Marull Heavy Equipment LLC (con Marull como director), y donde salvo una, Cantalfio actuó siempre como despachante de aduana.
El BCRA le giró los dólares a tipo de cambio oficial pero inflados respecto a las mercaderías que iban a ingresar, obteniendo un excedente de u$s 93.339.773 que giraron al exterior. En lenguaje llano: lo que valía 17 en Estados Unidos lo facturaron a 100 en Argentina. Solo que en millones de dólares.
Las defensas primero quisieron acceder al legajo de inteligencia enviado en el marco del convenio de cooperación pero tal como informó este diario, el juez privilegió la confidencialidad de los documentos requisito del GAFI y del Grupo Egmont.
Luego, buscaron minimizar su veracidad y su utilidad para comprobar la maniobra ya que adujeron que fue una operación donde comprador y vendedor acordaron el valor de la mercadería y esto no era susceptible de ser cuestionado por un tercero.
En un fallo firmado por Marcos Morán, Marcelo Fernández y Juan Pablo Salas se rechazaron esos argumentos; consideraron legítima la información recibida y corroborada por otros medios; se verificó que fue una práctica “sistemática” en este lote de importaciones junto con otras 63 que están siendo investigadas en paralelo a estas 24; y se concluyó que “se generaron condiciones propicias para fugar divisas de forma fraudulenta en detrimento de las arcas estatales tras falsear los valores reales de las operaciones declaradas”.
El principal hallazgo fue que Güercio y Marull compartían una sociedad anterior por lo que excedían la relación comprador proveedor, sino que fueron parte de una maniobra coordinada, en este caso. Los unía también una relación con Tejon Mining LLC que era utilizada como garantía de Marull pero que en realidad era principal accionista de NRG Proppant, la accionista de NRG Argentina.
Una trama compleja con estructuras societarias bien aceitadas. Así, coincidieron con el procesamiento del juez que había establecido que los imputados “valiéndose de la compleja y voluminosa estructura de importaciones que afrontaba NRG ARGENTINA S.A. para el desarrollo de su plan de inversión en el país con su proveedor en el exterior –MARULL HEAVY EQUIPMENT LLC-, se procuró recurrir, de forma organizada, a la exteriorización fraguada de valores sustancialmente superiores a los reales, con el claro objetivo adicional de hacerse de un suculento volumen de dólares al tipo de cambio oficial”.
“Se advierte la necesidad de profundizar la pesquisa a los fines de establecer la eventual responsabilidad que podría caberles a los funcionarios aduaneros que autorizaron y verificaron, sin observación alguna, los diversos despachos de importación materia de análisis”, indicó también la Cámara en su resolución de hoy.
Esto no solo salpica a los funcionarios de línea sino que cronológicamente impacta en la gestión de la exdirectora de Aduanas Silvia Traverso designada por Mercedes Marcó del Pont. Luego de su eyección de la DGA, y recién dos días después de que se adelantara el desembarco de Guillermo Michel como nuevo director, se radicó la denuncia de la Aduana con múltiples ampliaciones posteriores ya con la nueva gestión. Entonces, los ojos se habían posado en Germán Muiño quien terminó desplazado de la estratégica Subdirección Técnico Legal de la DGA.
El primer caso en el que se confirma el “rulo importador” en todas sus aristas, y que además involucra a un importante jugador de Vaca Muerta con sobrefacturación de importaciones y posible defraudación a las arcas del Estado obtuvo un fuerte respaldo judicial pero puede abrir nuevos capítulos.
