Una mujer y su hijo, ambos nacidos en Bolivia y con pedido de captura internacional de Interpol con cédula roja, fueron detenidos en el barrio porteño de Parque Chacabuco acusados de realizar estafas piramidales a más de 30.000 connacionales y de evadir normas financieras mediante criptomonedas por unos 60 millones de dólares, informaron hoy fuentes policiales.
Las detenciones fueron realizadas en la calle Puán al 1900 del mencionado barrio por agentes de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes creen que los acusados habían montado una financiera en su país con oficinas en otros países de Latinoamérica.
Según los voceros, sobre ambos detenidos, identificados como Brian Gutiérrez Colque (27) y Nilda Colque Loza (47), pesaba una orden de captura internacional vigente con «notificación roja» por el delito de «estafa con agravante de victimas múltiples», a requerimiento de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol-La Paz.
De esta forma, los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 6, a cargo de Daniel Rafecas, a la espera de su extradición a Bolivia.
El hecho que se les imputa comenzó a investigarse el pasado 5 de marzo de 2016, cuando ambos instalaron una empresa en el Municipio de Capinota, La Paz, llamada «PayDiamond».
Según explicaron las fuentes, la metodología que aplicaban los sospechosos radicaba en convencer a sus víctimas de ingresar en esa nueva empresa, para lo cual debían comprar acciones por un valor de 200, 400 o 36.000 dólares con la promesa de que generarían una rentabilidad de entre el 5 por ciento semanal y el 20 por ciento mensual, sumado la devolución del capital.
A su vez, los imputados buscaban que en sus objetivos sumen más adherentes inversores para que pudieran transformarse en distribuidores autorizados de la firma, actividad por la cual cobrarían una comisión.
Los voceros también agregaron que «PayDiamond» se presentó en la Argentina como una empresa multinivel que ofrecía la posibilidad de invertir en la explotación de minas de diamante en Mozambique, con la expectativa de obtener ganancias del orden del 150 por ciento anual, lo que motivó una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en 2017.
