Dos familias de estudiantes de secundaria de la Ciudad de Buenos Aires deberán pagar 2,8 millones de pesos como resarcimiento por los daños ocasionados por sus hijos al tomar la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) Manuel Belgrano, un colegio estatal de Barracas, en 2022. No será un caso aislado, ya que en los próximos días estarán llegando más de 20 demandas a familias porteñas, explicaron desde el Ministerio de Educación de la Ciudad.
Durante 2022 hubo 27 tomas de establecimientos educativos en CABA, y desde diciembre del año pasado, la Procuración General de la Ciudad inició 21 causas por daños y perjuicios a 240 adultos responsables de estudiantes que tomaron escuelas, por un total de $61.045.571.
Las causas tramitan ante el fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de CABA.
Hasta hoy, 67 adultos responsables de estudiantes ya han sido notificados de demandas similares por la toma de cinco instituciones educativas.
Además, 13 padres de alumnos de otras tres escuelas están en proceso de notificación, y se seguirán sumando nuevos procesos “a medida que vayan siendo ordenados por cada uno de los jueces”, indicaron desde el Gobierno porteño.
“Le llegó a mi vieja una demanda por una suma de casi 3 millones de pesos en forma de ‘resarcimiento’, porque el año pasado tomamos el colegio junto a compañeres del ESEA Manuel Belgrano y estudiantes de otros colegios. Entre distintas cosas, nos demandan por daños y perjuicios”, posteó en su cuenta de Instagram Juana, una de las alumnas cuyas familias fueron demandadas por el Gobierno porteño.
La demanda lleva la firma de Valeria Patricia Ale, abogada del Gobierno de la Ciudad, y de Daniel Mauricio Leffler, director general de Responsabilidad y Contrataciones del Gobierno porteño.
En su posteo, la alumna denunció “persecución a los derechos estudiantiles de protesta” y aseguró que durante la toma los estudiantes se dedicaron a “pintar la fachada del colegio, limpiar y pintar baños, pintar las aulas, mantener el colegio limpio y ordenado”.
“Es nuestra obligación como adultos enseñarles a nuestros hijos y a los estudiantes el concepto de responsabilidad y la idea de que las acciones tienen consecuencias», dijo Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad.
«Desde el principio advertimos que si las familias acompañaban a sus hijos menores de edad en la toma de escuelas, eran ellos los que iban a tener la responsabilidad de pagar por esas consecuencias”, agregó.
La cifra reclamada surge de estimar el valor correspondiente al pago de salarios del personal docente por cada día sin clases por la toma de la escuela, explicaron desde el Ministerio de Educación.
También señalaron que “el salario de los docentes es una inversión que se realiza con la contribución de todos los vecinos” y que el servicio educativo se vio interrumpido “por acciones ilegítimas ante la falta del ejercicio de la responsabilidad parental de los adultos”.
