La jueza de audiencia de Santa Rosa, Alejandra Flavia Ongaro, condenó hoy a un padrastro a 15 años de prisión, como autor de los delitos de abuso sexual doblemente agravado, con acceso carnal y aprovechándose de la convivencia preexistente con las víctimas y por ser encargado de su guarda, como delito continuado, en el caso de dos hijas de su pareja; y abuso sexual doblemente agravado por ser gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, aprovechándose de la convivencia preexistente con la víctima y por ser encargado de su guarda, como delito continuado, en perjuicio de una tercera hijastra. Todos los hechos fueron valorados en el marco de la ley 26485 de Protección Integral contras las Mujeres.
El debate oral se desarrolló en General Acha y Ongaro dio por probado, con respecto a una menor que tenía 16 años en 2017, que el imputado la obligó a mantener sexo dentro y fuera de la vivienda familiar en reiteradas oportunidades. En algunas de esos casos lo hizo “ejerciendo violencia” y los abusos se extendieron hasta el año pasado.
Con relación a otra niña, desde que tenía 12 años y hasta los 14, también la sometió “con violencia” y de manera continua en la casa donde convivían. Los ataques sexuales se prolongaron hasta que la víctima “conoció a su actual marido y tempranamente, a los 15, quedó embarazada y logró irse de esa casa y huir de su guardador”, dice la sentencia.
La tercera damnificada fue otra hijastra, a quien sometió “bajo golpes y violencia física” y “sujetándole los brazos y las manos. La niña, a los 11 años, se fue a vivir con su papá biológico. Ella también fue una mamá tempranera a los 12. En esos momentos vivía también junto a su mamá, a quien no se animó a contarle nada “por temor a las represalías” del imputado.
Durante los alegatos, el fiscal Juan Bautista Méndez pidió una pena de 15 años y la asesora de Menores, Agostina Pensa, adhirió a ello. El defensor particular, Omar Gebruers, alegó por la absolución del albañil, sosteniendo que se hizo cargo de sus hijos y los de su pareja, que “les brindó lo que estaba a su alcance”, que él también es vulnerable y que “por ser pobre no significa que sea culpable” de los abusos.
Ongaro, para fijar la pena, tuvo en consideración como circunstancias agravantes la pluralidad de víctimas, quienes estuvieron “en una palmaria situación de vulnerabilidad, según lo dictaminaron las profesionales intervinientes”. Además sufrieron “una carencia de figuras parentales que las protegieran, básicamente una madre ausente, con características en su personalidad de pasividad; todo ello era perfectamente conocido” por el acusado.
Esa indefensión fue “dolosamente aprovechada por el acusado para abusar de las hijas de su pareja, sabiendo que no existía, como no existió, lazo parental alguno que las protegiera y evitara esas agresiones”, acotó la magistrada.
Por último, Ongaro también valoró negativamente “la tenacidad en el accionar abusivo frente a las víctimas”, y “no solo el largo lapso durante las cuales fueron sometidas sexualmente, sino una inequívoca muestra de impunidad –las dos hijas mayores tempranamente abandonaron la vivienda para huir de esas agresiones– (…), a la más pequeña la abusó a sabiendas que había quedado prácticamente sola e incapaz de presentar resistencia alguna”.
