En su primera semana al frente del Ministerio de Seguridad de la presidencia de Javier Milei, Patricia Bullrich dio los detalles del «Protocolo de orden público», que regirá el desalojo de las movilizaciones en la vía pública desde esta semana. Manuel Adorni, el portavoz presidencial, había adelantado que incluía «sanciones severas».
Motivados por una situación en la que consideran que el Estado eligió «desproteger a quienes tienen que llevar adelante su vida con paz», definieron que las fuerzas federales «van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean totales o parciales. La ley no se cumple a medias: se cumple o no se cumple».
A pesar de ello, dejó la posibilidad de que «toda persona que se quiere manifestar en la vereda no va a tener ningún problema. Lo que nosotros no queremos es corte de calles y rutas».
«Habrá excepciones que tendrán que ver con tradiciones religiosas o eventos deportivos: muchas veces se toman calles para hacer maratones», agregó y subrayó que se «deberá pedir permiso».
La funcionaria señaló que el Servicio Penitenciario Federal pasa a la órbita del Ministerio de Seguridad y su personal participará de los operativos, por lo que se prevén penas de prisión a quienes protesten en la vía pública.
En ese sentido, se presentará un proyecto de ley acorde al artículo 194 del Código Penal, que contempla condenas de entre 3 meses a 2 años en la cárcel.
Posteriormente, hizo énfasis en «las sanciones a quienes lleven niños y que los niños, cuando tienen que estar en las escuelas, estén en una marcha o en un piquete».
«Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente. Será graduada en proporción a la resistencia», detalló la ministra, quien apuntó que «serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos.
Finalmente, apuntó contra dos sectores: migrantes y organizaciones sociales.
«En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones», indicó y añadió que se realizará un «registro de las organizaciones que participan de este tipo de hechos y que sistemáticamente son los que hacen de voceros de este tipo de manifestaciones».
