En un acto desarrollado en el auditorio del Centro Judicial, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Roberto Sappa, les tomó juramento a María Anahí Brarda, Marisol Emilia Rodríguez y Yael Grisel Ivonne Álvarez, quienes asumieron como jueza en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, jueza en el Juzgado de Ejecución Penal y defensora civil en el Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.
En los tres casos lo hicieron en condición de sustitutas y los cargos corresponden a la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Santa Rosa.
Sappa, que estuvo acompañado por el ministro Hugo Oscar Díaz y el director general de Justicia, Marcos González, pidió en su breve discurso que el Poder Judicial responda “a la demanda de la sociedad, que nos está pidiendo celeridad en la resolución de los conflictos, con seguridad jurídica”.
El presidente del STJ remarcó que “este es un año especial” para la Justicia provincial porque el 1 de abril cumplirá 70 años. “El Poder Judicial fue llamado a intervenir en todas las épocas y siempre actuó con seriedad y garantizando la mejor resolución en sus controversias a pampeanos y pampeanas”, afirmó.
En tal sentido, enfatizó que “la sociedad nos está pidiendo que sigamos trabajando con el compromiso, la responsabilidad y la seriedad que mostramos en estos 70 años; pero también que nos ‘aggiornemos’ a las épocas y actuemos con total seguridad jurídica y con mayor celeridad”.
Sappa planteó la necesidad de ir “de la mano, y no a contramano” de esas demandas y subrayó que la intervención de la Justicia en esas controversias debe ser con “prudencia, razonabilidad, proporcionalidad y celeridad”.
Brarda, que venía desempeñándose como jueza de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes, pasará a ser camarista sustituta, lo que implicará que en el Tribunal de Apelaciones se cree una tercera sala, una demanda que venía siendo requerida desde hace tiempo.
Rodríguez, que era jueza de control sustituta, ocupará en esa condición el cargo que dejó vacante Martín Saravia, al ser designado como defensor general; mientras que Álvarez cumplía funciones en la Oficina de Orientación Jurídica del Ministerio Público de la Defensa.
