Este 1 de abril el Poder Judicial de La Pampa cumple 70 años desde que inició sus actividades en 1954.
En aquellos tiempos todo era nuevo, hasta la propia provincia, que acababa de crearse hacía dos años. Todo estaba por hacerse. A tal punto que muchos de los primeros jueces llegaron desde otros lugares del país.
De hecho, el primer Superior Tribunal de Justicia estuvo integrado por cinco magistrados, dos bonaerenses, un porteño, un cordobés y un solo pampeano, César Alberto Rodríguez, un abogado que luego ejerció la profesión en forma particular y que terminó siendo conocido con el apodo de «Pebete».
Ellos, junto al primer procurador, Agustín Nores Martínez, fueron quienes tuvieron por ley que organizar el Poder Judicial y dictar su propio reglamento.
En aquel momento la flamante justicia pampeana solo funcionaba con el Superior Tribunal de Justicia –dividido en dos salas, una penal y otra civil–, la Procuración General, dos juzgados multifueros en Santa Rosa y uno en General Pico, dos fiscalías y dos defensorías –una en cada ciudad– y una planta total de poco más de 80 personas.
Su crecimiento fue paulatino y en función del incremento de la población y las demandas de la sociedad, aunque como los avances tecnológicos no surgieron al ritmo que muestran hoy, ese crecimiento tampoco fue tan dinámico.
Tuvo que pasar un cuarto de siglo para que el Poder Judicial abriera organismos en General Acha. Fue en 1969, al crearse la Tercera Circunscripción Judicial. O sea, recién en ese momento puso dar un pequeño paso hacia su descentralización.
Otro ejemplo: hubo que esperar a 1973 para que General Pico tuviera una por entonces llamada Cámara del Crimen y Santa Rosa una Cámara de Apelaciones en lo Civil; es decir órganos de segunda instancia.
La Cuarta Circunscripción, con sede en Victorica, surgió a principios de la década del ’90, con una defensoría y luego un Juzgado Regional; lo mismo que las defensorías en 25 de Mayo y Guatraché.
Actualmente ese esquema, de dividir la provincia en cuatro circunscripciones judiciales, se mantiene. Lo que cambió sustancialmente fue su organización interna, justamente como consecuencia del aumento de la población y la judicialización de los conflictos, las mayores demandas de la comunidad pampeana y el surgimiento de las nuevas tecnologías.
Ágil y eficiente.
Hoy el Poder Judicial pampeano, ingresa un promedio de entre 12.000 y 13.000 causas civiles al Sige, el Sistema Informático de Gestión de Expedientes, con una demanda muy importante en el fuero de familia, y 20.000 al Sigelp, el Sistema Informático de Gestión de. Legajos Penales.
En tal sentido, un logro significativo en beneficio de los pampeanos se consiguió en 2020, en medio de la pandemia, cuando se alcanzó la digitalización total de los fueros civil y penal; siendo la segunda provincia del país en conseguirlo. A ello se le sumó posteriormente la digitalización de las áreas administrativas.
Con ello se redujeron significativamente los tiempos de los procesos, lo que llevó a que el servicio de justicia –que ya venía trabajando en tal sentido– fuera más ágil y eficiente.
Hoy una cédula de notificación le llega a un demandado o demandante a los pocos minutos de ser firmada por un jueza o jueza. Una autorización a la policía para allanar un domicilio puede emitirse desde un celular. Y una mediación o una audiencia se realiza por Zoom o por teléfono para evitar traslados innecesarios y costosos; no solo para los pampeanos y pampeanas involucrados en esos conflictos sino para el propio Estado provincial.
Todo ello no se consiguió de un día para el otro, sino que llevó tiempo, esfuerzo y horas de dedicación del propio personal judicial, ya que ese proceso de digitalización se hizo con recursos propios.
Otros ejemplos, atento a las demandas sociales de mayor rapidez en la resolución de las causas penales, es que hoy un imputado llega a juicio, en promedio, en ocho o nueve meses, contados desde el momento de cometerse el presunto delito. O que el 80 por ciento de esos conflictos se resuelven en días o semanas a partir de las vías alternativas de solución como son los acuerdos de partes –conocidos como juicios abreviados–, donde los imputados reconocen la autoría de los hechos.
En el ámbito civil la apertura de las Oficinas de Gestión Común, tanto en civil como en familia, sirvieron para que los jueces y juezas se dediquen exclusivamente a tramitar los expedientes y dictar sentencias, sin tener que atender cuestiones administrativas. Por eso hoy también allí los plazos se redujeron sustancialmente.
Los avances de los últimos tiempos fueron acelerados, a diferencia de lo sucedido en aquellos comienzos. Y los cambios que vendrán seguirán siendo cada vez más rápidos y el servicio de justicia seguirá siendo imperfecto, porque los errores son una constante en cualquier actividad.
Pero, en esa búsqueda de un servicio de justicia cada día más moderno y eficaz, es necesario ser creativo, tener la cabeza abierta, adecuarse al uso de las nuevas tecnologías y quebrar condicionamientos culturales y educativos, con el único fin de dar respuestas satisfactorias a las nuevas y múltiples demandas de la sociedad pampeana.
«Hay que adaptarse permanentemente a las nuevas realidades y a las nuevas demandas de la sociedad, que hoy en muchos casos pasan por la violencia de género, el cumplimiento de las cuotas alimentarias o los temas de seguridad –indicó el presidente del STJ, José Roberto Sappa–. Es cierto que se avanzó, pero la Justicia no es imperfecta y aún tiene cuentas pendientes con los pampeanos y pampeanos. Y la única forma de ir saldándolas es acercándose cotidianamente cada vez más a la gente y escuchando sus reclamos porque el servicio de justicia tiene que estar pensado necesariamente en función de ella».
