El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, participó, junto a otros mandatarios, de una reunión de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSIRA) donde se trazó un preocupante diagnóstico económico. “Ratificamos el valor estratégico del desarrollo industrial para construir un país con producción y trabajo”, afirmó Ziliotto, mientras que los gremios ratificaron que “sin industria argentina, no hay empleo” y plasmaron en números el impacto de las políticas nacionales en el sector.
El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto aseguró que «las políticas nacionales nos llevan a un nuevo industricidio» luego de participar, junto a otros cuatro mandatarios provinciales, de una reunión de la Federación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) donde se abordó la alarmante situación que atraviesa la industria nacional.
El encuentro se desarrolló -este jueves- en la sede del Smata en Buenos Aires, y contó con la presencia, además de Ziliotto, de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Mellella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja). Los anfitriones fueron los dirigentes sindicales nucleados en CSIRA.
SIN INDUSTRIA ARGENTINA, NO HAY EMPLEO
Al finalizar el cónclave, los secretarios Generales junto al Equipo Técnico de los sindicatos industriales de la República Argentina emitieron un documento donde advierten que «sin industria argentina no hay empleo».
«El documento de la CSIRA lo expresa: hay que sumar actores vinculados a la industria para imponer una agenda que marque lo nocivo de las políticas nacionales a contramano del desarrollo industrial. Lo dije anteriormente y lo repetí hoy: vamos a un nuevo industricidio, quizá inédito», afirmó Ziliotto luego del encuentro.
«Consecuentes con nuestros ejes de gestión ratificamos el valor estratégico del desarrollo industrial para construir un país con producción y trabajo. Ese es el desafío y ese nuestro compromiso», enfatizó el mandatario pampeano.
LA CRISIS EN NÚMEROS
El documento de CSIRA analiza una encuesta realizada a 25 organizaciones sindicales. La misma arroja los siguientes datos:
-Total de empresas con trabajadores nucleados por la CSIRA: 61.728 empresas divididas en 18 sectores de actividad.
-El 90% de las organizaciones indicaron que la situación económica de las empresas ha empeorado.
– El 65% declararon que la caída de las ventas supera el 15%.
-El 40% de las empresas señala que utilizan 6 de cada 10 máquinas o menos.
-El 50% manifiesta un incremento de más del 30% de sus costos como consecuencia del aumento de tarifas.
-Cumplimiento de las obligaciones: solo el 56% de las empresas puede abonar a sus trabajadores en las fechas establecidas.
-El 38 % de las empresas se ve obligada a dividir los pagos durante el mes.
-El 95% considera que en los próximos 6 meses la situación estará mucho peor o moderadamente peor.
-El 65% indica que a partir de la sanción de la Ley Bases el funcionamiento empeorará, un 20% que seguirá igual y un 15% no contestó.
-Impacto sobre los trabajadores: el 80% de las empresas han despedido trabajadores,
mientras que, solo el 20% revela no haber sufrido despidos desde diciembre a la actualidad.
-El 60% de los encuestados señala que sus trabajadores sufrieron algún tipo de suspensión o licenciamiento en sus trabajos: esta cifra duplica al 34.4% relevado en mayo. En cuanto a adelanto de vacaciones, en el mes de julio se relevó esta operatoria en el 65% de las empresas.
-Retiros voluntarios: el 80% de las empresas ha implementado esta operatoria, lo que supera el 56.5% de lo relevado en mayo.
-Se computa recortes en horas extra en el 90% de las empresas. Lo que significa un recorte del 30 % de las horas extras en los trabajadores.
-Según datos publicados por el Banco Central de la República Argentina se dieron de baja 330.000 cuentas sueldos desde diciembre hasta fines de mayo. Por su parte, la caída en la producción industrial manufacturera alcanzó un 15,2% frente a igual periodo del año anterior, mientras que la desocupación trepó al 7,7% acompañado por una pérdida creciente y sostenida del poder adquisitivo.
DNU, LEY BASES Y PACTO FISCAL
Ante ese panorama, «creemos necesario ratificar que el DNU 70/23, la Ley Bases, el Pacto Fiscal y muy particularmente el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) llevan a nuestro país a una acelerada disminución de la actividad industrial, de inmediato impacto en nuestras Pymes. Sobre el horizonte se proyecta una regresiva primarización extractivista de nuestros recursos naturales. Sin industrialización para la producción en origen, sin desarrollo de las cadenas de valor ni trabajo calificado.
Este sendero dificulta aún más la posibilidad de acceder al primer empleo, situación por la cual insistimos en la necesidad de un acuerdo entre trabajadores, sindicatos, empresas y Estado; que genere los instrumentos necesarios para incorporar a su primer empleo a las próximas generaciones».
«Lo que se ha verificado en el primer semestre es una disminución de la producción, una caída de las manufacturas de origen industrial, despidos laborales, suspensiones, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, recortes de horas extra, disminución de actividades y una tendiente precarización laboral, razón por la cual la pretendida modernización laboral que impulsa el actual gobierno se sostiene sobre un ostensible falseamiento de la realidad», plantea del documento.
«El gobierno nacional expresó, en una entrevista que concedió en la ciudad de San Francisco, EE. UU., al medio Free Press el día 6 de junio del corriente año, que ama ser el que destruye por dentro al Estado que odia. Por eso, las medidas propuestas de apertura indiscriminada y desregulación del comercio exterior, lejos de ser medidas que fortalezcan la industrialización de las empresas argentinas, promueve hacer de la Argentina una isla de armadurías sin valor agregado, sin trabajo nacional y sin conocimiento aplicado al desarrollo», advierte.
MEDIDAS QUE YA FRACASARON
«El gobierno nacional decidió incumplir contratos y desincentivar en las empresas para ahogarla financieramente y promover la privatización», indican para hacer referencia al caso de IMPSA, una industria metalúrgica Argentina única en Latinoamérica. «La privatización de IMPSA es una muestra acabada del desguace del Estado nacional. IMPSA es soberanía energética, trabajo y orgullo argentino», manifiestan.
En contrapartida, abogan por «una política de inserción internacional inteligente, donde nuestro país se pueda asociar a las cadenas de valor global donde está cambiando la matriz energética y pueda lograr la incorporación de nuevas tecnologías que son la fuerza que impulsa el desarrollo industrial para la próxima década» y consideraron estratégico fortalecer las relaciones con el Mercosur.
«Estas medidas ya fracasaron en el pasado generando la desintegración de nuestro entramado industrial. Sin industria no hay empleo, sin desarrollo de la investigación y promoción de las políticas industriales no hay futuro», concluye el documento del espacio sindical integrado por el Sindicato de Mecánico y Afines del Transporte Automotor (SMATA), la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA), la Asociación Obrera Textil, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y por la Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines.
