La demanda fue elaborada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y la impulsaran dos Organizaciones No Gubernamentales (ONG) históricamente comprometidas con el reclamo: la Fundación Chadileuvú y la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos. El gobierno de La Pampa, a través de la Fiscalía de Estado, fue activo colaborador en la presentación, aportando el andamiaje judicial previo, que culminó con la sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, al no cumplirse, promovió la presentación que hoy se formalizó ante el organismo internacional.
El mandatario pampeano Sergio Ziliotto sostuvo que esta actividad “trasciende el ámbito del Gobierno” porque “se trata de una lucha colectiva que nos define como pampeanos defensores de sus recursos naturales”.
Puntualizó que “se está dando un paso más después de 77 años de despojo; 77 años de una lucha que nos une por historia, pertenencia y defensa de nuestro futuro” e indicó que esta presentación “es producto de que todos los actores, públicos y privados, nucleados en la CIAI pampeana, tomaron la decisión de salir del ámbito de nuestro país e ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con nuestro reclamo”.
Ziliotto mencionó que Mendoza “está en rebeldía con una sentencia de la Corte que ya tiene cuatro años, en la que la obligaban a erogar 3,2 metros cúbicos por segundo para comenzar a recuperar el ambiente que degradaron”.
EL RIGI Y SU AFECTACIÓN A LAS AUTONOMÍAS PROVINCIALES Y EL AMBIENTE
El gobernador Sergio Ziliotto volvió a alertar sobre el proceso de adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones –RIGI- puntualizando que el “texto de esa norma, como mínimo soslaya y hasta puede decirse que avasalla las competencias provinciales sobre la libre disposición de nuestros recursos naturales”.
“Dejando de lado el análisis jurídico y yendo a la realidad sabemos que el RIGI abre la puerta a las grandes inversiones extranjeras vinculadas al extractivismo, que es el que menos recursos deja en el país y más se lleva al exterior. En virtud del RIGI, Mendoza ya habla de la derogación de la ley que prohíbe la minería a cielo a abierto, actividad que tiene como principal insumo el agua”, detalló Ziliotto.
El RIGI “prioriza la utilización del agua para la minería, lo que coloca en un segundo plano a Mendoza y a La Pampa en tercer lugar. La vigencia de este Régimen nos hace retroceder en nuestra lucha y por eso creo que debemos enfrentar la situación con acciones, pero con una cohesión colectiva, que involucre y una a todos los pampeanos en defensa de nuestro patrimonio hídrico, que no es ni más ni menos que defender el futuro”, detalló.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes además el rector de la UNLPam, Oscar Alpa; la vicegobernadora Alicia Mayoral; Alberto Goldberg, de la Fundación Chadileuvú; Roberto Daniel Rodríguez, presidente de la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos –estos últimos en calidad de querellantes-; el abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez –quien encabezó el equipo que formuló la demanda-; el secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi; la Fiscal de Estado, Romina Schmidt y demás autoridades provinciales y universitarias.
“PARA ARREGLAR LA ECONOMÍA NO HAY QUE PERDER DERECHOS”
El rector de la Universidad Nacional de La Pampa agradeció a quienes trabajaron en la elaboración del informe que dio lugar a la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Estamos defendiendo derechos”, dijo Alpa y trazó un paralelo entre la lucha por el derecho al agua con la lucha por el derecho a la educación superior, que “se garantiza, con presupuesto, salarios de docentes y no docentes que en los últimos siete meses han sido pulverizados”.
“Para arreglar la economía no hay que perder derechos como dice el gobierno nacional”, afirmó; y puso como ejemplo a la provincia de La Pampa “que siempre ha sido ordenada desde lo económico y al mismo tiempo ha mantenido los derechos de la población”.
Alpa defendió enfáticamente el rol de la universidad pública y advirtió que en el contexto actual se corre el “riesgo de que nuestras y nuestros docentes y no docentes emigren y perdamos la calidad, denigrando al sistema universitario público como derecho humano universal”.
Finalmente y en directa relación a la lucha por la soberanía hídrica y ambiental, dijo que “no podemos plantear cuestiones económicas y como contra partida ir contra el derecho humano al agua y a un ambiente sustentable”.
“MENDOZA NO ACATA NI LAS ÓRDENES DE LA CORTE SUPREMA”
“Hace ya bastante tiempo que en la Fundación Chadileuvú se discutió la necesidad de recurrir a la Suite de Supranacionales, fundamentalmente los que están en el marco de la Organización de Estados Americanos, es decir la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y la Corte”, recordó el titular de la Fundación Chadileuvú, Alberto Goldberg.
“Las últimas acciones de la Corte de la Justicia de la Nación se había llegado a una situación inédita, donde por primera vez una provincia entra en rebeldía y no acata las ordenes de la Suprema Corte”, destacó.
“La Corte Suprema agotó todas sus posibilidades, no tiene ejercito de policías a su disposición y se guía por criterios políticos donde Mendoza tiene las de ganar como provincia más importante que La Pampa desde el punto de vista electoral y económico. La única posibilidad que nos queda es iniciar un camino largo, pero que puede tener éxito y llagar a lo que aspiramos todos lo pampeanos, que por fin el agua de Atuel corra por el cauce de La Pampa”, concluyó.
“EL DESASTRE ECOLÓGICO MÁS GRANDE DEL PAÍS”
Roberto Rodríguez, integrante de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, recordó la lucha por los ríos fue iniciada “por antiguos pobladores, artistas, músicos, que se han venido expresando de distintas formas por más de más de 70 años”.
“Este robo que viene ejerciendo Mendoza aguas arriba, que nos toca a nosotros en particular y a otras provincias aguas abajo, va alcanzando grandes niveles de lucha donde, acompañando por el pueblo pampeano y las localidades más afectadas por estos cortes, han ido poniendo sobre la vividera el robo no solo del río Atuel si no también del Salado que ha provocado el desastre ecológico más grande de la historia de nuestro país”, expresó.
“Nos hemos sentidos acompañados por todo un pueblo, por el gobierno provincial que ha venido encabezando esta lucha y por las ONG. Nosotros como ONG nueva hemos venido bregando por este resultado, hemos acompañado presentaciones ante la justicia, la cual ha dado veredicto favorable para La Pampa”, dijo.
“Ahora nos está quedando esta última instancias de reclamo. Esperamos tener resultados positivos en esta presentación internacional, no solo en declaraciones si no en los hechos, hay que terminar con este silencio que tiene Mendoza y la Corte Suprema de Justicia”, finalizó.
ESTUDIO PREVIO Y DENUNCIA
En marzo de este año el Gobierno de la Pampa, a través del gobernador Sergio Zilliotto, firmó un convenio con la Consultora de la UNLPam, representada por el rector Oscar Alpa, con el objeto de que se evalúe y proponga a la provincia -a través de su Fiscalía de Estado- alternativas para acudir a los organismos internacionales a los fines de efectivizar los derechos reconocidos en la sentencia dictada por la CSJN con fecha 16 de julio de 2020 contra la provincia de Mendoza por el Río Atuel.
El equipo de trabajo de la UNLPam estuvo bajo la coordinación general del doctor Andrés Gil Dominguez.
Luego de un análisis pormenorizado de la normativa de los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional en torno a la protección al ambiente como derecho humano y de los antecedentes judiciales del caso, se arribó a la conclusión que estaba habilitada la posibilidad de realizar la denuncia o petición correspondiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la causa se agotaron los recursos de jurisdicción interna, se obtuvo sentencia favorable a la Provincia de La Pampa y en la etapa de ejecución de sentencia se verificó que continuaba la violación del derecho al ambiente ante la omisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de adoptar medidas de cumplimiento concretas.
Asimismo, se analizó la falta de legitimación de la provincia para interponer la denuncia y se llegó a la conclusión que los denunciantes debían ser organizaciones no gubernamentales provinciales de reconocida trayectoria.
Como consecuencia del estudio realizado, el doctor Andrés Gil Domínguez procedió a confeccionar la denuncia a ser presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual se procederá a firmar en este acto por los representantes de las dos organizaciones no gubernamentales de la provincia con amplia y reconocida trayectoria en la defensa de nuestros ríos.
