El no pago del Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario (RAFE) afecta a casi mil personas que acceden a los productos de la canasta básica con un aporte económico del gobierno provincial que supera los $ 35 millones mensuales, y consecuentemente potencia el movimiento económico en los comercios de cercanía de Eduardo Castex. La preocupante problemática social que originó el desfinanciamiento por la negación de la oposición para debatir en la Legislatura pampeana el denominado «Aporte Solidario», en la última sesión del Concejo Deliberante también desnudó los posicionamientos de los ediles.
La presidenta del bloque de concejales del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa), Nora Rodríguez, presentó -el jueves- un proyecto de resolución para manifestar «preocupación» por la «emergencia alimentaria» que desató en casi un millar de castenses la suspensión del pago del RAFE, porque los bloques opositores trabaron el tratamiento del Aporte Solidario en la Cámara de Diputados de La Pampa.
El proyecto de ley impulsado por el gobernador Sergio Ziliotto pretendía gravar una alícuota superior a los bancos y las financieras, el Casino, funcionarios de altos ingresos y grandes contribuyentes, para sumar $17.500 millones que garanticen la asistencia alimentaria de los sectores más vulnerables. Ahora se podría solucionar con la ampliación del Presupuesto 2024, donde el Poder Ejecutivo Provincial (PEP) realizaría el cobro a los mismos actores de la economía pampeana para obtener los fondos económicos que garanticen las partidas para asistir a más de 10 mil familias pampeanas.
La sorpresa.
Rodríguez destacó que 280 familias se encuentran imposibilitadas de solventar el derecho básico de acceso a la alimentaria diaria, y expuso que la no percepción del RAFE afecta directamente a los municipios que necesariamente deben atender las necesidades de los vecinos, y también repercute en el movimiento comercial local.
Enfatizó que la demora del tratamiento en la Legislatura agrava la situación social de mil castenses, y consideró que los legisladores tienen la responsabilidad institucional de trabajar responsablemente en función de las necesidades de la población vulnerable.
Seguidamente pidió el tratamiento sobre tablas para manifestar «preocupación» por la emergencia alimentaria que se desató entre las familias beneficiarias del RAFE, e instar a los legisladores para que traten «urgente» los proyectos para garantizar la disponibilidad de los fondos destinados para financiar el programa social.
Pero, impensadamente los seis concejales de JxC y el concejal justicialista Martín Araya votaron para impedir el tratamiento sobre tablas, y pasar el proyecto de resolución a una comisión interna, que en el mes de los casos se pronunciará en quince días, cuando quizás ya se haya alcanzado un acuerdo en la Legislatura pampeana.
Se fracturó el bloque del Frejupa.
La problemática social de los castenses terminó revelando las posturas políticas de los bloques legislativos. Porque increíblemente el bloque de JxC y el concejal justicialista Martín Araya votaron en coincidencia en un tema políticamente muy polarizado.
Los seis ediles de JxC en esta ocasión -indirectamente- respaldaron a sus legisladores provinciales. Evitaron reiterar la tensión interna que se generó -en marzo- con el legislador Sergio Pregno, cuando se trató sobre tablas el pedido a los legisladores opositores para proclamarse sobre la denominada ley de «Emergencia en la Obra Pública», que permitió al gobierno provincial continuar y financiar las obras abandonadas en La Pampa por el gobierno de Javier Milei.
Igualmente, la postura del oficialismo castense generará inquietudes en la mesa de los intendentes de JxC, porque varios jefes comunales se pronunciaron públicamente en contra de las dilaciones de sus diputados en la Legislatura, porque les provoca graves inconvenientes en los municipios por el incremento de la demanda social.
Mientras, que la postura de Araya mostró una inexplicable división en un bloque compuesto por solamente dos parlamentarios. Votó con JxC en contra de un proyecto de la presidenta de su bancada, y también tendrá un impacto en el gobierno provincial, desde donde se aspira alcanzar un inmediato tratamiento legislativo para obtener las herramientas legales para permita recaudar los aportes económicos necesarios para garantizar la canasta básica de aproximadamente 10 mil pampeanos. Con su posición fue en contraposición con el reclamo de 39 intendentes del PJ que se reunieron en Luan Toro, donde plantaron que «hoy está en riesgo el salario, la coparticipación, servicios de salud, educación, seguridad, justicia y el sistema de jubilaciones».
