El Gobierno de La Pampa expresó su “categórico rechazo” a “una decisión burda, irracional y sin fundamentos” de las autoridades del Banco Nación Argentina (BNA), después que anunciarán el cierre de la Gerencia Zonal supuestamente porque se duplicó -durante cuatro meses para financiar el Aporte Solidario- la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos. En La Pampa, el BNA posee una cartera de créditos de unos 100 millones de dólares, lo que duplica los depósitos que tiene en esa provincia. Además, cuenta con 14 sucursales y 202 empleados.
Desde el Centro Civico pampeano consideraron que este “es un ataque más a este gobierno, un nuevo intento de extorsión”. “Sólo por estar en contra de este modelo económico de concentración de la riqueza en pocos y empobrecedor de las mayorías. Y, lo peor, por reclamar que nos devuelvan lo que nos quitan ilegalmente”, destacaron en un comunicado de prensa.
“Se escudan en un incremento tributario, transitorio por 4 meses, para justificar toma de decisiones que van más allá de la coyuntura: eliminar estructuras y amenazar con despidos”, destacaron desde el gobierno provincial.
El presidente del BNA, Daniel Tillard, aseguró que la incidencia de los impuestos locales “iguala el gasto en la nómina salarial del personal, lo cual termina siendo una imposición sobre la presencia territorial”. “La decisión de La Pampa implica aumentar el gasto impositivo en $ 350 millones”, agregó.
Pero, desde el gobierno pampeano desmintieron esta versión. “No quedan dudas que subyace la verdadera causa y es la decisión de privatizarlo y despedir personal, como ya lo anticiparon y obran en consecuencia desde la asunción del actual Gobierno nacional”, expresaron.
“Esa intención privatizadora fue incorporada en el proyecto de Ley Ómnibus que, aunque naufragó en el Congreso Nacional, fue lamentablemente impulsada por legisladores pampeanos”, recordaron.
IRRACIONALIDAD
“Los propios datos que brinda el Banco Nación marcan la irracionalidad de la medida.
Dicen que deben pagar 350 millones más que lo habitual. Contrasta eso con la ganancia que el propio Banco tuvo en el primer semestre del año: 2,5 Billones de pesos. Pareciera que esa caída ínfima y transitoria de sus ingresos lleva a la entidad a la bancarrota. No hablaría bien este dato de la capacidad de quienes lo dirigen”, plantearon.
Dicen que deben pagar 350 millones más que lo habitual. La apropiación ilegal de nuestros recursos por parte del Gobierno nacional es 200 veces mayor que esa suma. Nos deben 70 mil millones de pesos. Si no se hubieran quedado con nuestros recursos, no habríamos tomado esta medida de emergencia para garantizar comida a familias vulnerables, agregan.
“Ante esa falta de fundamentos caen en la incoherencia de intentar sumar perjudicados. Mencionan una eventual decisión de trasladar a sus clientes este incremento transitorio.
Entonces, ¿habría perjuicio para las finanzas del Banco? ¿O suman otra insensatez para justificar vaciamiento, despidos y privatización?”, prosigue el comunicado de prensa.
“Asimismo, esta decisión va en franca contradicción con su demanda ante la Corte Suprema de Justicia por considerar inconstitucional la Ley Provincial Nº 3.582. Sin que haya pronunciamiento judicial alguno, hoy toman decisiones asumiendo competencias que no les corresponden. No sorprende este desapego a la división de poderes que consagra la Constitución Nacional por parte del Gobierno nacional”, concluye la gacetilla de prensa.
