Una cuidadora de adultos mayores deberá devolver casi tres millones de pesos por las estafas que realizó, en perjuicio de dos personas, a través del uso de sus tarjetas de crédito y débito en más de 250 ocasiones. Por ello, además, fue condenada a dos años de prisión en suspenso y al cumplimiento de pautas de conducta durante tres años.
La sentencia del juez de control, Néstor Daniel Ralli, recayó sobre Gisela Alderete, de 29 años, quien estafó a una mujer de 80 años a la que cuidaba porque estaba con internación domiciliaria y a otra con la que convivía.
Los perjuicios para esta última víctima se produjeron entre fines de febrero y principios de marzo pasado, cuando la imputada utilizó su tarjeta de crédito Visa y la tarjeta de débito para realizar doce compras por 454.650 pesos en rotiserías, regalarías, panaderías y farmacias locales y a través de plataformas virtuales.
A su vez, en septiembre y octubre, utilizó la tarjeta de crédito Mastercard de la señora a la que cuidaba –previamente a obtener sus datos y asociarla a su cuenta de Mercado Pago– para efectuar 242 consumos a través de compras y/o transferencias de dinero; causándole un perjuicio económico por 2.141.335 pesos.
También consiguió los datos de la tarjeta de crédito Visa de la damnificada y los vinculó al usuario «Gisellalde» de Mercado Pago para concretar otros 32 consumos similares por 257.195 pesos. Por eso, el total de las estafas alcanzó los 2.853.180 pesos.
El fallo de Ralli fue dictado al homologar un acuerdo de juicio abreviado rubricado entre la fiscala Natalia Verónica Urruti, el defensor particular Simón Barreto y la propia acusada, quien admitió su culpabilidad.
Así, las partes acordaron que Alderete sea condenada a dos años de prisión de ejecución condicional como autora estafa por el uso de tarjeta de crédito, previamente hurtada, como delito continuado; y estafa por el uso de tarjeta de crédito como delito continuado, en dos hechos independientes entre sí.
Además ella aceptó reparar el daño causa con la entrega de 2.398.530 y 454.650 pesos respectivamente, en favor de ambas víctimas. Esos montos tendrán que ser devueltos en un plazo de nueve meses, a partir de que la sentencia quede firme y en las cuentas bancarias que se crearán por parte de la fiscalía a tal efecto.
Por ser la pena condicional, la imputada estará obligada durante tres años a fijar domicilio, someterse al cuidado de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para personas en conflicto con la ley penal y respetar la prohibición de contacto por cualquier medio con las dos damnificadas.
Alderete estuvo detenida un mes –a partir de la denuncia que originó la investigación– y recién fue liberada una vez concretado el acuerdo. En este tipo de juicio, que son salidas alternativas a los debates orales, los jueces y juezas no pueden aplicar sanciones más gravosas que las requeridas por el Ministerio Público Fiscal.
