El Gobierno resolvió facilitar el acceso a las personas con discapacidad a las pensiones no contributivas por lo que eliminó la obligación de presentar un certificado médico digital, uno de los requisitos establecidos durante el macrismo. Debido a los obstáculos puestos en los últimos tiempos hay casi 100 mil recursos iniciados por personas que no pudieron acceder a su pensión. «Garantizar los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad es un compromiso que debemos asumir todos y todas», sostuvo el presidente Alberto Fernández en un posteo luego de recibir a integrantes de la ONG Andar, que le acercaron regalos para que le lleve al papa Francisco en el encuentro que mantendrá mañana en el Vaticano.
«Si buscamos un país con más inclusión, obviamente que hay que empezar por los discapacitados que son los que más necesitan que se los incluya», explicaban en la secretaría general de la Presidencia que encabeza Julio Vitobello, de quien depende la Agencia Nacional de Discapacidad. A través de la resolución 44 del año pasado, Mauricio Macri creó la obligatoriedad del certificado médico oficial digital (CMO), en verdad un obstáculo más para que las personas soliciten el beneficio por discapacidad. En muchos casos se trata de personas de escasos recursos, de zonas alejadas del interior, sin acceso al mundo digitar ni a una computadora. «Era una medida establecida en la lógica de que quien tiene un certificado de discapacidad es ‘trucho’ y se transforma en sospechoso. Invertían la carga de la prueba, debía probar que era discapacitado de verdad. Era algo que afectaba a los más vulnerables», explicaban en la Casa Rosada.
Ahora, ya no será excluyente el certificado digital y se podrá presentar un certificado común, como fue siempre. «El certificado digital puede ser considerado una herramienta útil para la concesión de futuras pensiones, pero no puede ser utilizado como una traba formal para aquellos casos en donde se torna de difícil contención por circunstancias coyunturales, que no pueden ser imputadas a solicitante del beneficio», argumentaron en Gobierno.
En varias ocasiones durante su mandato, el propio Macri o algunos de sus funcionarios y legisladores plantearon la necesidad de recortar las pensiones por invalidez, a las que siempre buscó emparentar con el clientelismo político. Uno de esos obstáculos que idearon fue este certificado, camuflado en una supuesta política de «modernización» que cambia papeles por medios digitales. Pero ocurría que en muchos distritos del interior, la gente concurría a los hospitales y nunca conseguían obtener el bendito certificado, por lo que terminaban presentando un recurso judicial. Hubo un fallo de Cámara que obligó al Gobierno a hacerse cargo de los gastos de traslado que le pudiera ocasionar al pensionado tener que tramitar ese certificado, con lo que todo se volvió más engorroso todavía.
De acuerdo a los datos que se conocen, una amplia mayoría de quienes perciben pensiones por discapacidad pertenecen a la franja social de mayor vulnerabilidad económica e, incluso, buena parte de ellos son menores de edad. Al hacerse cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad, igual que en otras oficinas, las nuevas autoridades se encontraron con una situación de abandono y retraso de varios meses en los trámites que ya debían estar concluidos.
