A través de un escrito de 35 páginas, el gobernador Carlos Verna presentó ayer ante el Presidente de la Nación un nuevo pedido de «laudo arbitral» en el marco del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), en este caso motivado por la oposición de La Pampa a las normas de manejo que se pretenden aplicar en la represa Portezuelo del Viento, y en el rechazo al Estudio de Impacto Ambiental Regional que avaló la construcción del dique. El pedido se presentó ayer y al igual que el anterior, se pidió al presidente Mauricio Macri que se excuse de resolver el planteo por su evidente parcialidad a favor de la represa y de la posición de Mendoza. Como está planteada la obra, «no será buena para los argentinos» y menos aún para los habitantes de la cuenca del río Colorado y para los pampeanos en particular, fundamentó el gobernador.
Con el patrocinio del Fiscal de Estado, José Alejandro Vanini, y del Procurador, Hernán Pérez Araujo, el gobernador Verna presentó ayer jueves ante el Presidente de la Nación un pedido de Laudo Arbitral referido a la aprobación de las Normas de Manejo y al Estudio de Impacto Ambiental Regional (EIAR) de la presa Portezuelo del Viento, en el que solicitó expresamente que se resuelva «la desaprobación de ambos documentos».
Antes de detallar los motivos del pedido de laudo arbitral, Verna planteó la recusación del presidente Macri, pidiendo su apartamiento del caso, «por entender que carece de la imparcialidad y objetividad requerida para resolver» el diferendo. El mismo planteo hizo con el resto «de los funcionarios políticos electivos que son llamados a sucederle» en la resolución de estos casos.
«Como garantía mínima de protección de los derechos de la provincia de La Pampa, no puedo menos que exigir la previa condición de que quien debe resolver los diferendos planteados en el seno de Coirco, adopte una conducta que resulte subjetiva y objetivamente neutral», expresó Verna ante el evidente interés que ha mostrado el Presidente de la Nación y todos los funcionarios del Estado Nacional intervinientes en que Portezuelo sea licitado cuanto antes y posteriormente construido, publicó el diario La Arena.
Consejo de Gobierno
El pedido de laudo es consecuencia de la agitada reunión del Consejo de Gobierno del jueves 9 de mayo, oportunidad en que los cinco gobernadores de la cuenca se reunieron en Buenos Aires para analizar varios temas de peso, entre ellos los dos que motivaron esta actuación. En esa reunión de gobernadores -de la que también participaron el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, y otros funcionarios nacionales-, debieron tratarse las normas de manejo del futuro embalse de Portezuelo, y el Estudio de Impacto Ambiental Regional que contrató Coirco, algo que no sucedió ya que los mandatarios consideraron en votación mayoritaria, que los dos instrumentos ya habían sido aprobados por la Comisión Técnica del Coirco, un organismo de jerarquía menor integrado por representantes técnicos.
La falta de tratamiento de esos dos temas, incluyendo la no emisión del dictamen que según el primer laudo arbitral, deben firmar los integrantes del Consejo de Gobierno, motivaron este segundo pedido de laudo.
«La provincia de La Pampa sostiene que tanto las Normas de Manejo como el EIAR debieron ser puestos a consideración del Consejo de Gobierno para su consideración y tratamiento», refrendó el gobernador pampeano. «Ante la oposición de las restantes Provincias es que se solicita el Laudo Presidencial, poniendo de manifiesto la omisión en que ha incurrido el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Rogelio Frigerio) al no poner en consideración de los Gobernadores el EIAR, a efectos de que el Consejo de Gobierno emita el dictamen correspondiente, careciendo de validez la pretendida aprobación del mismo en el ámbito del Comité Ejecutivo, tornándose necesaria su revisión en esta instancia arbitral», detalló.
No elevación
La presentación pampeana apuntó también a los responsables del Comité Ejecutivo de Coirco, que han procedido «en desmedro de los intereses y las requisitorias de la provincia de La Pampa» como queda evidencia con «la no elevación de los diferendos planteados en las Actas N° 814 y N° 857 para su consideración por parte del Consejo de Gobierno», tal como dispone el Capítulo V del Estatuto del comité de cuenca.
Haciendo suyas las consideraciones vertidas por equipo de la Consultora de la Universidad Nacional de La Pampa, el gobernador pampeano rechazó la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Regional que elaboraron dos universidades nacionales, «por carecer de sustento metodológico, datos fácticos que lo avalen y formular la factibilidad ambiental de la obra condicionada a la realización de estudios complementarios».
Una omisión elocuente
«Resulta además de fundamental trascendencia la no emisión por parte del Consejo de Gobierno del dictamen referido al EIAR que el Laudo del 16 de enero de 2018 había impuesto como condición del mismo», sostuvo el gobernador Verna en uno de los fundamentos de mayor peso justificar la solicitud presentada ayer.
El laudo de 2018, también consecuencia de un reclamo pampeano, definió que «la provincia de Mendoza dé participación a las restantes provincias integrantes del Consejo de Gobierno del Coirco, a través de este último, con el objeto de que, en dicho marco, se emita el dictamen previsto en el Acta N° 70 del 23 de diciembre de 2016 del Consejo de Gobierno».
Por ello es que «resulta elocuente la omisión en que ha incurrido el Sr. Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda» al no poner a consideración de los Sres. Gobernadores «el EIAR (Estudio de Impacto Ambiental Regional) a efectos de que el Consejo de Gobierno emita el dictamen correspondiente, careciendo de validez la pretendida aprobación del mismo en el ámbito del Comité Ejecutivo, tornándose necesaria su revisión en esta instancia arbitral».
Al existir una disidencia respecto a la interpretación que debe darse al Estatuto, y eventualmente al laudo presidencial de 2018 -que está en revisión en la Corte Suprema de Justicia ante una presentación pampeana- «resultaba necesario que la decisión adoptada por mayoría sea revisada por el Consejo de Gobierno, quien debió además emitir el citado dictamen», reiteró el gobernador.
«Ante la falta de tratamiento por parte del Consejo de Gobierno del pedido de consideración y solución del diferendo oportunamente planteado, y la falta de emisión del dictamen, es que se solicita el presente pedido de juicio arbitral», concluyó Verna al cerrar este capítulo del pedido de laudo presidencial.
La obra, paralizada
La presentación pampeana tiene un efecto jurídico casi inmediato que es la paralización de los trámites tendientes a la licitación de la represa, un hecho que Mendoza y Nación quieren concretar antes de fin de año. Días atrás, el secretario de Política Hídrica, Pablo Bereciartúa, ya había anticipado esta posibilidad cuando dijo que «de ahora en más resta definir un cronograma (para la licitación) pero dependerá por supuesto de las acciones que puedan llevar adelante las provincias», y mencionó en particular a La Pampa.
