Con el dictado de un primer taller, comenzó –el martes- la capacitación para funcionarios y magistrados del Poder Judicial en temas de género y violencia contra las mujeres, de acuerdo a lo establecido en la Ley Micaela, a la que La Pampa adhirió a través de la ley provincial 3175.
La apertura breve estuvo a cargo del presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Roberto Sappa, y de la secretaria provincial de la Mujer, Liliana Robledo, por ser ese organismo la autoridad de aplicación de la norma.
La ley nacional 27499 o Ley Micaela fija como obligatoria una capacitación, en estos temas, para todo el personal que se desempeña en los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
La actividad –que agrupó a medio centenar de magistrados y funcionarios– estuvo a cargo de la Oficina de la Mujer Violencia Doméstica, dependiente del STJ, ya que con la Secretaría de la Mujer se convino su aporte dada las particularidades propias de la Justicia y la existencia de una capacitación específica diseñada por la Corte Suprema de Justicia.
Los participantes se dividieron en grupos y el primer ejercicio fue responder un formulario, de manera individual, acerca de 16 preguntas relacionadas con algún tipo de discriminación en función de género.
Por ejemplo, los asistentes fueron interrogados sobre si perdieron un empleo o un ascenso por su género, si tuvieron que posponer una capacitación por la organización familiar, si sintieron miedo por sufrir violencia sexual en la calle, si los trataron en forma degradante, si padecieron bromas de contenido sexual en el trabajo, si escucharon comentarios fuera de lugar por sus características físicas, si alguna vez tuvieron que demostrar que su capacidad era igual o superior a la de compañeros de otro género, etc.
Luego cada grupo tuvo que informar cuántas fueron las respuestas negativas y, en todos los casos, las respuestas negativas fueron claramente mayores entre los hombres.
A continuación se abrió un debate a partir de la definición que la Real Academia Española le da a determinadas palabras. Y se concluyó que la propia RAE le da mayor jerarquía a los vocablos referidos al hombre. Un ejemplo, en otras cosas. La palabra gobernante está definida como «que gobierna»; la palabra gobernanta, como «mujer que en los hoteles tiene a su cargo el servicio de un piso en lo tocante a limpieza de habitaciones, conservación de mobiliario, alfombras y demás enseres» y «encargada de la administración de una casa o institución».
Sentencias
Otro ejercicio grupal fue analizar dos sentencias referidas a género. En una, dictada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2018, una mujer fue condenada a prisión perpetua por el homicidio agravado de su pareja. Se la culpó de prenderlo fuego adentro de un vehiculo, cuando incluso existía una orden de restricción de acercamiento. La mujer adujo que el hombre la golpeó con algo combustible y que cuando comenzó el fuego, ella alcanzó a salir del auto.
En el otro fallo, un hombre fue condenado a cinco años de prisión por tentativa de homicidio agravado, tras ahorcar, golpear y encerrar a su pareja en el baúl del auto, luego que ella le expresara que lo dejaría. Los jueces consideraron que existieron circunstancias extraordinarias de atenuación. Uno de esos atenuantes fue la infidelidad de la víctima. Ese fallo fue dictado en Neuquén en 2003.
Finalmente, los magistrados y funcionarios observaron el video de Ivana Rosales contando su historia personal. Ella fue la protagonista de esta última sentencia, donde los jueces hicieron más hincapié en la víctima que en el victimario, cuestionando su modo de vida y su presumible adulterio, considerándolo un motivo suficiente para que su agresor casi la matara. El acusado, Mario Garoglio, no estuvo ni un día preso por esa causa.
A partir de ese hecho, Rosales –pese a las consecuencias físicas que sufrió por la golpiza– dedicó su tiempo a luchar contra la violencia machista y falleció en 2017 de un ataque de epilepsia.
En septiembre del año pasado, la provincia de Neuquén reconoció su responsabilidad por haberle negado justicia a Ivana en un caso de violencia machista, al firmar un acuerdo de solución amistosa son su hija Abril y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El acuerdo implicó que el Estado dispondría medidas de reparación para su familia y un compromiso de concretar políticas públicas de prevención y acompañamiento a víctimas de violencia por motivos de género. Dos hijas de Rosales fueron abusadas por Garoglio. Una de ellas se suicidó hace cinco años.
Como cierre, quedó el compromiso de los presentes de enviar propuestas a la OMy VD.
