Prevé 15 ejes de acción principales, que incluyen la creación de centros territoriales integrales, la modernización de la línea 144, y un programa de asistencia monetaria y con acompañamiento a mujeres y personas LGTBI+ en situación de riesgo. Se destinarán 18 mil millones de pesos.
El Gobierno presentó este viernes el Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género para los próximos dos años. Abarca no solo a las mujeres sino también a la población LGBTI+. Prioriza tres cuestiones fundamentales: las violencias extremas –femicidios, travesticidios, transfemicidios–, la autonomía económica de las personas en situación de violencia, y la dimensión cultural y estructural de la problemática.
A diferencia de la gestión macrista, el abordaje no se concentra solo en la atención de la emergencia, sino que tiene por horizonte la modificación de las condiciones estructurales que afectan a las persona en situación de violencias por motivos de género. Se cambia el paradigma: de un abordaje individual a uno integral e interseccional.
La presentación estuvo encabezada por el presidente Alberto Fernández y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. El Plan 2020-2022 tiene un presupuesto de 18.000 millones de pesos. En lo que va del año y hasta el 30 de junio se registraron 162 femicidios –81 durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio–, de acuerdo con el relevamiento de casos publicados en los medios que realiza el Observatorio “Ahora que sí nos ven”: un promedio de un femicidio cada 27 horas.
El Plan, plasmado en una doscientas páginas, fue elaborado por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. La política, se aclara, no será crear más hogares y refugios sino impulsar acciones para poder garantizar el acceso a la vivienda, a casas de medio camino, a la formación laboral, y a un empleo a quienes estén atravesando situaciones de violencia por razones de género en contextos de vulnerabilidad social, para permitirles desarrollar un proyecto de vida autónomo, libre de violencias. En ese sentido, se garantizarán transferencias monetarias y acompañamiento en el marco de un paradigma de asistencia integral y la posibilidad de sumarse al Programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social.
Algunos de los aspectos clave del Plan son:
Prevé la creación de centros de abordaje integral de las violencias por razones de género en las provincias.
Un programa de apoyo económico urgente y de asistencia integral inmediata para familiares en casos de femicidios, travesticidios y trasfemicidios.
Propone un conjunto de acciones de prevención fundadas en un sistema de alertas tempranas que apunta a actuar a tiempo en las situaciones de violencia.
A su vez, acciones a mediano y largo plazo para modificar los patrones culturales y estructurales que sostienen las desigualdades basadas en el género, entre ellas, campañas en los medios de comunicación sobre construcción de otras masculinidades y vínculos sexo afectivos responsables y diversos.
Moderniza la Línea 144.
Se promoverá que no solo se reciban denuncias en oficinas judiciales sino también en otras agencias del Estado.
Pone en el centro de las prioridades la producción de información de calidad para la toma de decisiones basadas en la evidencia.
Impulsa la transversalización de las políticas en todos los ministerios, con un enfoque federal.
Involucra a 46 organismos nacionales.
Incluye 27 medidas y 144 acciones y cuenta con más de 100 compromisos de responsabilidad directa de otros ministerios y agencias del Estado.
Un plan con aportes de foros
El Plan responde al cumplimiento de la Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales, sancionada en 2009. En su artículo 9°, obliga al PEN a elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. En el discurso de asunción, el 10 de diciembre, el presidente Alberto Fernández, se ocupó de jerarquizar esta problemática en su agenda de Gobierno: consideró que “Ni Una Menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la República” y que “el Estado debe reducir drásticamente la violencia contra las mujeres hasta su total erradicación”.
Las cifras de femicidio se han mantenido más o menos estables en los últimos años de acuerdo a los distintos relevamientos que realiza la sociedad civil y la Corte Suprema. Si bien no aumentan exponencialmente, no se logran que bajen. Durante junio, se contabilizaron 21 femicidios, según datos del Observatorio “Ahora que si nos ven”. Siete de cada 10 fueron cometidos por la pareja o ex pareja y ocurrieron en el domicilio de la víctima, una proporción que es histórica. Treinta y tres víctimas habían hecho al menos una denuncia, 11 tenían medidas judiciales. En total, durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, desde el 20 de marzo, se registraron 81 femicidios, de acuerdo con la misma fuente.
El registro de la Corte Suprema contó en 2019, 252 femicidios directos, 5 transfemicidios/travesticidiios y 16 femicidios vinculados. En 2018, 255, 4 y 23, respectivamente.
Según informó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el Plan fue elaborado teniendo en cuenta los aportes surgidos de una serie de foros, presenciales y virtuales, en los que participaron más de 3400 personas, autoconvocadas, de ONG, y organizaciones sociales, académicas, sindicales, y de los distintos niveles jurisdiccionales, tanto del ejecutivo como legislativo y judicial. Sin embargo, generó malestar en áreas de Mujeres de distintas provincias el hecho de que la cartera que encabeza Gómez Alcorta no las haya consultado una vez que se definieron los lineamientos y las medidas del Plan. En los foros, cada referente provincial tuvo los mismos 3 minutos para exponer su punto de vista que el resto de las participantes. El Plan tampoco se debatió en el marco del Plan Federal de las Mujeres, cuya última reunión fue en marzo.
Las 15 acciones principales:
-Creación del Programa “Acompañar”: se trata de un programa de asistencia integral, con transferencia monetaria y acompañamiento destinado a contribuir en el corto y mediano plazo, a la creación de condiciones básicas para la construcción de un proyecto de vida autónomo de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentra en situaciones de riesgo en contextos de violencia por motivos de género.
-Creación de Centros Territoriales Integrales de políticas de género y diversidad en todo el país: Llevarán a cabo políticas de prevención, asistencia, protección y fortalecimiento del acceso a la justicia desde una perspectiva interseccional e integral. Contarán con espacios destinados a la formación, a la realización de actividades de prevención y promoción de la igualdad y, en algunos casos, al alojamiento de personas en contextos de violencia por motivos de género y sus hijxs.
-Creación de la Mesa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género. Los ministerios de Justicia y DDHH y de Seguridad junto al de Mujeres crearán un programa interministerial para llevar adelante una política focalizada sobre el fenómeno de los femicidios, travesticidios y tansfemicidios. Entre otras cuestiones, incluirá un sistema de alertas tempranas para identificar situaciones de riesgo en violencia de género, evaluarlas a tiempo y prevenir los casos de mayor gravedad. Además, se dispondrá de un trabajo articulado para la búsqueda de personas.
-Programa de modernización, optimización y difusión de la Línea 144.
-Creación de un sistema digital de emergencias en casos de violencias por motivos de género para los gobiernos locales.
-Creación del Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género (SICVG). Permitirá elaborar datos sistematizados e información estadística con alcance federal.
-Creación de un Programa para el Apoyo Económico Urgente y la Asistencia Integral Inmediata para Familiares en casos de Femicidio, Travesticidio y Transfemicidio. Se propone una asignación económica excepcional destinada a paliar gastos necesarios ante estos hechos fatales, como así también contar con orientación, asesoramiento legal y acompañamiento psicológico para familiares y en particular, lxs hijxs de las víctimas.
-Programa de Apoyo y Fortalecimiento de la Red de Hogares, Refugios y Dispositivos de Protección Integral, a través de financiamiento de proyectos de refacción, equipamiento y ampliación.
-Programa Potenciar Trabajo para personas en situación de violencias por motivos de género, con la finalidad de promover la inclusión social y el mejoramiento progresivo de sus ingresos con vistas a alcanzar la autonomía.
-Creación del Programa Nacional de prevención de las Violencias por Motivos de Género. Contendrá dos subprogramas, uno sobre la construcción de otras masculinidades y otro sobre vínculos sexo afectivos responsables y diversos. Incluye la realización de una campaña nacional integral y federal, en medios públicos y comunitarios, diseñada para aportar el cambio cultural y social.
-Creación del Programa Generar: para el fortalecimiento institucional de áreas de género del sector público nacional y subnacional.
-Creación del Programa Articular: para el apoyo y fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias de género y diversidad.
-Creación del Registro Nacional de Promotores Territoriales y Diversidad a Nivel Comunitario.
-Relanzamiento del Programa Escuelas Populares de Género y Diversidad. Apunta a fortalecer los espacios de formación llevados adelante por redes comunitarias, organizaciones y grupos sociales.
-Fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva en la atención de las personas con derecho a la interrupción Legal de embarazo.
¿Cómo se reparte el presupuesto?
El presupuesto previsto para el Plan es de 18.000 millones de pesos distribuidos de la siguiente forma:
Eje 1. Prevención: $ 205.472.000
Eje 2. Asistencia y Abordaje Integral: $ 17.671.198.000 (incluye el financiamiento de obras de refacción, equipamiento y ampliación de hogares, refugios, como la creación de Centros Territoriales Integrales de políticas de género y diversidad en todo el país. También se encuentra prevista la inversión para modernización del servicio de la Línea 144 y la transferencia monetaria a través del Programa Acompañar a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia y vulnerabilidad económica).
Eje 3. Protección y Fortalecimiento del Acceso a Justicia: $ 85.650.000
Eje 4. Gestión de la Información, transparencia y monitoreo: $ 37.680.000
Un cambio de prioridades
De los 750 millones de pesos del presupuesto que originalmente se anunció que tendría el Plan Nacional 2017-2019 contra las violencias del gobierno de Mauricio Macri, 600 millones estaban destinados a la construcción de 36 refugios, es decir el 80 por ciento de los fondos.
La construcción de los refugios quedó a cargo del Ministerio del Interior y Obras Públicas de la Nación. Pero solo se terminaron 9 (en Bolívar, Partido de la Costa, Florencio Varela, San Luis, Mendoza, Santiago del Estero, Jujuy, Corrientes y Salta), de los cuales 8 se habían empezado a construir durante el kirchnerismo.
Cuando terminó su mandato Macri quedaron tres en construcción (en Quilmes, La Plata y Junín, municipios gobernados en ese entonces por Cambiemos) y otros 20 –que supuestamente fueron reacondicionados pero ya existían en diferentes municipios–, ingresaron a la Red Nacional de Hogares. Otras medidas que se anunciaron también quedaron a mitad de camino.
