Hoy se amplió la formalización de la investigación fiscal realizada los días 21, 23 y 30 de abril pasado a Cristian Javier Hecker y a su madre Yolanda Isabel Martin en la misma causa por «estafas reiteradas» donde se los había acusado de 67 hechos diferentes en aquella oportunidad. En esta audiencia de ampliación se sumaron 72 nuevos denunciantes.
Incluyendo a éstos últimos, suman 139 damnificados y 199 operaciones (ya que algunos de los damnificados realizaron más de una operación con la Financiera H&C, propiedad de los imputados). Según lo informado por el fiscal, con las nuevas denuncias, el monto de la estafa ascendería a 66 millones de pesos y a 911 mil dólares aproximadamente.
La audiencia fue realizada mediante llamada grupal vía zoom en la que participaron el juez de control Alejandro Gilardenghi, el fiscal general Armando Agüero, el defensor particular Santiago Darío Vázquez junto a ambos imputados-desde la Comisaría de Quemú Quemú – y personal de Oficina Judicial. En la audiencia también estuvieron presentes de manera virtual algunos de los letrados patrocinantes de las partes querellantes: las abogadas Pamela Molinari, Mercedes Boneto y Gabriela Forte y el abogado Nicolás Comba.
En la misma audiencia, ante el vencimiento de la prisión preventiva de Hecker, el próximo 30 de julio, el fiscal solicitó el reexamen de medida de coerción y pidió que la prisión preventiva sea extendida por el término de la investigación fiscal- 18 meses.
Por su parte, el defensor de ambos imputados solicitó que el cumplimiento de la prisión preventiva que actualmente efectúa Hecker en la comisaría de Quemú Quemú, sea morigerada y que se cumpla en su domicilio.
El magistrado resolvió tener por formalizada la investigación fiscal preparatoria contra ambos imputados, no hizo lugar a lo solicitado por el defensor y ordenó la extensión de la prisión preventiva de Cristian Hecker por el plazo de 6 meses, de cumplimiento en comisaría, hasta el 31 de enero de 2021.
En el caso de Yolanda Martín sigue en vigencia el arresto domiciliario por el plazo de 18 meses impuesto en la formalización de la investigación fiscal preparatoria desarrollada el 30 de abril pasado.
