La policía de General Acha realizó cinco allanamientos en el marco de una investigación que se inició tras detectarse que varias personas habrían organizado un bingo ilegal. Los organizadores vendieron cartones con números a los apostadores, después realizaron los sorteos “en vivo” por las redes sociales, y los premios consistían en un porcentaje del dinero recaudado, y el resto se constituía en sus ganancias. Cinco personas fueron imputadas en una causa judicial.
La fiscala Paula Duscher solicitó –el viernes- las órdenes de allanamiento al juez de Control, Héctor Freigedo.
Los investigadores constataron que la actividad no contaba con autorización estatal, y se constituye en una actividad penada por el artículo 31 bis del CPP. Esta legislación establece que «Será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente.»
En los allanamientos se secuestró documentación relacionada con los sorteos, anotaciones, dinero en efectivo producto de la venta de cartones, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos posiblemente utilizados para realizar los sorteos y que podrían ser objeto de pericias.
