El 60 por ciento de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial ya completó la capacitación obligatoria en perspectiva de género, conocida como Ley Micaela, durante el primer semestre del año; aunque con la reciente inscripción de otros 309 cursantes ese índice llegará al 85 por ciento.
La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Como La Pampa adhirió a ella, lo mismo debe replicarse en los tres poderes de la provincia. Con su nombre, la norma recuerda a Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, que fue víctima de femicidio por parte de Sebastián Wagner.
La capacitación en el Poder Judicial está organizada, en forma conjunta, por la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica y el Centro de Capacitación Judicial. En una primera etapa se realizaron cinco talleres presenciales, cuatro en Santa Rosa y el restante en General Pico; y luego del 20 de marzo, a raíz de decretarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio como consecuencia de la pandemia por el coronavirus, la actividad continuó de manera virtual y a través de un formato de trabajo individual.
El viernes cerró la inscripción de un nuevo taller con 309 anotados. Una vez que ellos concluyan con la capacitación, sumados a los 772 magistrados, funcionarios y empleados que ya lo cursaron, se llegará a 1081 agentes; es decir al 85 por ciento del personal del Poder Judicial. Hasta ahora, ya se instruyeron en perspectiva de género, 218 magistrados y funcionarios y 554 empleados.
En la sumatoria total, el 72 por ciento realizó la capacitación en forma virtual y el 28 en modo presencial. A su vez, el 32 por ciento fueron funcionarios y magistrados y el 68 empleados.
Al analizar esos números por género, el 67,7 por ciento de los/as cursantes fueron mujeres y el 32,3 varones. En la Justicia provincial, el 61 por ciento del personal es femenino y el 39 masculino.
En un primer momento, cuando los talleres fueron presenciales, asistieron 45 magistrados y funcionarios y 228 empleados. Para esas actividades se contó con la colaboración de Gabriela Vázquez, Betina Aguiar y Daniela Costabel (Oficina Judicial); Eleonora Cordero (Defensoría General), Romina Maraschio (Centro de Capacitación Judicial); Analía Enrique y Paola Frigerio (Tribunal de Impugnación Penal) y Quimey Báez Sevilla (Sala C del Superior Tribunal de Justicia).
A su vez, en las capacitaciones virtuales participaron 174 magistrados y funcionarios y 325 empleados, contando con el respaldo de Aguiar, Costabel, Enrique, Báez Sevilla y Verónica Rodríguez Blanco y Romina Olguín (OMyVD).
La Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica apunta, con esta formación, a que los magistrados, funcionarios y empleados adquieran “herramientas que permitan incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial, a fin de identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación”.
“Buscamos transmitir herramientas y (de) construir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas de cada cosa que hacemos, cada trámite, cada intervención, cada proyecto de ley y, en definitiva, cada una de las políticas públicas. Se trata de una oportunidad para jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género en clave transversal, es decir, en todo el Estado”, señalaron desde dicho organismo.
