La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó el pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner de iniciar un peritaje informático sobre los servidores de Google, cuya empresa a mediados de mayo publicó una expresión difamatoria sobre la exmandataria.
El fallo de segunda instancia rechazó la apelación de la plataforma de búsqueda, que argumentó que el peritaje sobre sus servidores violaba el secreto comercial.
La Cámara desestimó la apelación del gigante tecnológico al advertir que la medida de prueba había sido autorizada por el juzgado Civil y Comercial Federal Nº7, por lo que se impone «la inapelabilidad de las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas», indicaron los camaristas Alfredo Gusman, Eduardo Gottardi y Ricardo Recondo en una resolución de apenas tres carillas.
A principios de agosto, el juez Javier Terrero había hecho lugar al pedido de «prueba anticipada» solicitado por el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, para resguardar toda la información almacenada en los servidores de Google asociada al nombre «Cristina Fernández de Kirchner» y «Cristina Kirchner» desde el 17 de mayo –día de aparición de la expresión difamatoria– hasta el día del peritaje para garantizar que no se alterara ninguna información que se hubiera elaborado con el único fin de dañarla.
La demanda fue presentada por Cristina el 6 de agosto a raíz de una nota publicada en la versión digital del diario Clarín en la que se dio a conocer que dentro del «panel de conocimiento» de la página de inicio del buscador la figura de la vicepresidenta aparecía con su cargo institucional modificado «de forma maliciosa y difamante», como definió la denuncia, bajo la leyenda de «Ladrona de la Nación».
La demanda de Cristina Kirchner
«Cuando las mentiras y difamaciones se disparan desde plataformas masivas, su circulación no tiene límites, no se puede detener y el daño que ocasionan a los difamados pareciera ser incalculable», sostuvo la expresidenta el día en que presentó ante la justicia el pedido de «prueba anticipada». Según cifras de la propia empresa, el buscador recibe 3 billones de visitas diarias.
«La acción judicial también pretende plantear una cuestión compleja y profunda, propia de los tiempos que corren: ¿Existe algún tipo de defensa para las personas que resultan víctimas de este tipo de acciones perpetradas por un gigante informático como Google?», preguntó la vicepresidenta.
Tras conocerse públicamente la presentación de la demanda, Google intentó desvincular responsabilidades sobre la nota difamante publicada el 17 de mayo en el «panel de conocimiento» de la plataforma.
Google dijo no haber sido notificada de la demanda, argumentó que «el Panel de Conocimiento se genera de forma automática, tomando información de diferentes fuentes de la web» y aseguró que «en su momento le dedicamos toda nuestra atención y resolvimos de manera expedita».
Además de dar esas explicaciones, la empresa norteamericana decidió apelar el pedido de prueba de la actual titular del Senado, luego del fallo contrario de primera instancia. Ahora, la decisión de la Cámara ratifica la validez del pedido de la exmandataria.
La decisión también mantiene abierto el debate respecto de la responsabilidad de la plataforma sobre la información a la que accede a través de sus servicios y el «derecho al olvido» de quienes se sienten agraviados.
