Juan Daniel Funes, un panadero de 46 años, fue condenado hoy a diez meses de prisión de cumplimiento efectivo, manteniéndosele su calidad de reincidente, por resultar ser autor material y penalmente responsable de los delitos de robo simple en dos ocasiones y robo simple en grado de tentativa; todos en concurso real entre sí.
El primer ilícito lo cometió 8 de febrero de 2018, a las 6.30, cuando tras dañar la vidriera de un comercio ubicado en la calle Yrigoyen, en Santa Rosa, “con un trozo de baldosa”, sustrajo nueve teléfonos celulares junto a sus respectivas cajas, para luego retirarse del lugar a bordo de una bicicleta.
El segundo delito se produjo al día siguiente, a la misma hora. Funes llegó en bicicleta hasta otro local, situado en la calle Avellaneda, y también después de romper la vidriera, se llevó 23 celulares.
Finalmente, el 18 de abril del año pasado, a las 4.50, forzó la puerta de ingreso a un negocio de la calle Avellaneda, “con intenciones de robo, para luego de ello, y al no poder entrar, se escapó sin sustraer nada, siendo aprehendido a pocas cuadras del lugar”.
La causa se resolvió a través de un acuerdo de juicio abreviado, presentado por la fiscala María Cecilia Molinari, el defensor oficial Martín García Ongaro y el acusado, quien admitió la autoría de los tres hechos. La sentencia fue dictada hoy por el juez de control santarroseño, Carlos Matías Chapalcaz.
El magistrado valoró, entre otras pruebas, filmaciones, informes de compañías telefónicas y de la División de Telecomunicaciones de la Policía provincial, capturas de pantalla de Facebook, transcripciones de intervenciones telefónicas, fotografías y declaraciones testimoniales.
En un primer momento, al ser formalizado, se dispuso la prisión preventiva de Funes, pero luego de ser liberado no cumplió con ciertas exigencias y Ordas lo declaró rebelde y pidió su detención. Fue aprehendido el mes pasado en Villa Mercedes, San Luis. Actualmente permanece en la alcaidía.
Al otro imputado en el expediente, Jonathan Horacio Grasso, un comerciante de 22 años, domicilio en Mendoza, se le hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba o probation. Por dos años no deberá cometer delitos y tendrá que cumplir con una serie de reglas de conducta, bajo apercibimiento de revocársele tal beneficio.
