Los medios de comunicación o, mejor dicho, el sistema de medios, son un actor político y económico de las democracias contemporáneas. No estamos descubriendo nada. Fueron los medios y los periodistas que fabrican posiciones editoriales para sus dueños quienes construyeron aquí cadenas de significantes para sostener a ultranza al macrismo a pesar de sus gruesos errores y para destruir toda oposición política a Cambiemos sobre la base de acusaciones de corrupción edificadas con artimañas jurídicas, con argumentos endebles y, en la gran mayoría de los casos, sin pruebas.
La “institucionalidad”, “la república”, “la democracia” y la “justicia”, entre otras muchas apelaciones, fueron parte del relato vano cuando los que hoy están en la oposición ocuparon la Casa Rosada.
Pese a todo ello, una alianza de fuerzas populares instaló con votos y democráticamente a Alberto Fernández en la presidencia.
Ahora, derrotados en las urnas, los mismos periodistas, los mismos personajes y los mismos medios quedan al descubierto pero insisten en querer convencernos de que su opinión representa a la mayoría de la sociedad.
Hay que desterrar la idea de que el sistema de medios es el escenario neutral para la presentación y el debate de ideas. En la estrategia del poder los medios son fundamentales para incidir en la toma de decisiones políticas de los gobiernos, de los legisladores y de los jueces. Dan batallas para destruir a quienes se oponen a los intereses hegemónicos a los que sirven, para instituir o destituir, según el caso y las conveniencias. Su poder reside en la representación y expresión de los intereses corporativos de grandes conglomerados económicos y empresariales a los que pertenecen. Y la reiterada alusión a la libertad de expresión es una mentira más detrás de la cual se esconde el laissez faire que es lo único que los poderes económicos reclaman del Estado.
Verlo de otra manera es no solo una ingenuidad, sino un error político grave.
Hoy la derecha negacionista de la democracia arremete desde el sistema de medios convertido en nave insignia contra la decisión democrática de la mayoría de argentinos y argentinas y la institucionalidad que la sostiene.
Por eso es imperioso denunciar el accionar anti democrático del sistema corporativo de medios y de muchos de sus periodistas y, al mismo tiempo, emprender acciones en resguardo de la democracia. Para poner límite a los atropellos (la mentira reiterada, la falacia, la tergiversación, la manipulación en las más diversas formas y estilos) y recuperar el sentido ético y el acatamiento a la veracidad de los hechos. Con el mayor respeto a las diferencias, pero sin ningún espacio para la mentira constante a modo de puñalada trapera.
Es una tarea que debe enfrentar la sociedad con el protagonismo de las mayorías populares para disputar, con sus propios métodos, con creatividad y los medios al alcance, la hegemonía del relato. Pero ante todo es una responsabilidad del Estado y de quienes gobiernan que, con el mismo fin y en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, tienen que usar todos los recursos a su alcance para disputar sentido, explicar, debatir y rebatir. Lo demanda la democracia y el derecho a la comunicación. De lo contrario todos, todas, unos y otras, estaremos cayendo en una grave omisión y volviendo a poner en peligro lo que democráticamente construimos.
(*) Por Washington Uranga (Página 12)
