La Corte Suprema de Justicia, en tres renglones, cerró después de 18 años una parte de la historia judicial del asesinato de María Marta García Belsunce: el máximo tribunal dejó firme el sobreseimiento y la inocencia del viudo, Carlos Carrascosa.
La Corte admitió el dictamen del procurador Eduardo Casal que pidió desestimar el último recurso presentado por la fiscalía apoyándose en lo que ya dijo la Casación bonaerense: que no hay evidencias de que Carrascosa haya estado en la casa en el momento del asesinato de María Marta y que la prueba armada por el fiscal Diego Molina Pico era arbitraria y contradictoria.
La otra parte de la historia queda para un juicio que comenzará en 2021: se verá si después de 18 años existen elementos suficientes para condenar por el crimen al vecino Nicolás Pachelo y a los vigiladores del country José Ortíz y Norberto Glenon.
Alguno de los miembros de la Corte Suprema amagó con pronunciarse sobre el fondo del caso García Belsunce ya que se pidió el expediente completo a la fiscalía de Pilar que prepara el juicio de 2021. La movida causó sorpresa, porque la Corte suele pedir todos los cuerpos sólo si quiere volver a analizar los hechos. Y la sospecha es que algún miembro del máximo tribunal pretendía darle algún giro a las cosas en sintonía con un hecho que marcó el caso: el grupo Clarín fue el gran acusador de Carrascosa en los años en que ocurrió el homicidio.
En el caso García Belsunce también hubo una sórdida alianza judicial-mediática, motorizada desde La Plata por el entonces procurador bonaerense, ya fallecido, Matías De la Cruz, y que se nutrió de una feroz interna existente en el Poder Judicial de San Isidro. No importó que el viudo terminara seis años preso: la alianza judicial-mediática no quiso dar el brazo a torcer, pese a las evidencias del caso.
La suerte definitiva del expediente quedó sellada tras el dictamen del procurador y la defensa de Carrascosa, ejercida por Fernando Díaz Cartón. Es que después de los fallos de la Casación y la Corte bonaerense que absolvieron a Carrascosa, el fiscal Carlos Altuve insistió una vez más para defender a su colega Molina Pico, cuya labor fue destrozada por los camaristas de La Plata Víctor Violini, Daniel Carral y Martín Ordoqui. Lo que más se le enrostró a Molina Pico fue la manipulación del horario del asesinato, cerca de las 18.15 del domingo 27 de octubre de 2002, para correrlo después de las 19, cuando Carrascosa llegó a la casa. A eso se sumó una larga serie de incongruencias achacadas al viudo para tapar el fondo de los hechos: no hubo un solo testigo que dijera que Carrascosa y María Marta tenían algún conflicto; el fiscal no encontró ningún móvil para el crimen; nadie vio nunca a Carrascosa con un arma ni registraba antecedentes de violencia, menos todavía con su esposa. Tal vez el símbolo más impactante fue la defensa cerrada de Carrascosa que hizo la familia de María Marta, al punto que su madre y su padre le cedieron la herencia a su yerno.
El fallo de la Corte instala de hecho la historia que debió investigarse desde el primer día: María Marta llegó a su casa en bicicleta de manera sorpresiva y en medio de la lluvia. No se la escuchó llegar. Adentro había varios individuos robando porque estaba instalado el mito de que Carrascosa y María Marta tenían guardado, por el corralito, un millón de dólares.
María Marta subió las escaleras, empezó a preparar el baño y descubrió a los ladrones, tal vez ocultos en un vestidor. Es obvio que los conocía a todos, de hecho ya los había denunciado y por eso la mataron de cinco tiros. Carrascosa y el resto de la familia no vieron los balazos, que de hecho no se veían por una mezcla de pelo, sangre y masa encefálica. Los balazos ni siquiera los vieron los médicos.
El antecedente es que el vecino Nicolás Pachelo ya había robado en varias oportunidades, al punto que estuvo tres años preso por once robos en casas de country y departamentos. Ahora está otra vez preso por robos en Nordelta y los countries Tortuguitas y Abril. En 2021 será juzgado por el robo en El Carmel y el asesinato de María Marta. La acusación fue formulada por los fiscales Inés Domínguez y Andres Quinta pero nada será fácil después de 18 años.
