En la madrugada del 25 de diciembre de 1976 cinco jóvenes de Ingeniero Luiggi estaban festejando después de Nochebuena cuando una broma terminó de la peor manera: fueron detenidos por “subversivos” por el grupo de tareas de la Subzona 14, llevados a Santa Rosa y torturados. El auto en el que iban, un Peugeot 504 rojo, fue secuestrado por los militares y usado en Bahía Blanca para realizar secuestros en esa ciudad.
El grupo de amigos tenía unos veinte años y lo que ocurría en el país, y en La Pampa, durante ese año 1976 no parecía afectar su vida cotidiana en un pueblo del interior.
El caso de los cinco detenidos por el grupo de tareas de la Subzona 14 no fue tan conocido dado que no tuvo implicancias políticas. Recién se trató en la investigación sobre delitos de lesa humanidad en la segunda parte del juicio a los represores pampeanos.
Las víctimas fueron Raúl Alfredo Pastorino, Omar Aníbal Seia, Roberto Luis Torres, Rafael Oscar Grande y Carlos Horacio García, quienes nunca pensaron que una broma a la salida de una fiesta los llevaría a conocer el infierno de la Subzona 14.
La broma que salió mal
Esa madrugada, relató Torres al ser entrevistado en su momento por el autor, el grupo regresaba de un baile a la localidad en un Peugeot 504 rojo patente L039228, propiedad de García, comprado poco antes, y en una camioneta. El segundo vehículo tuvo un desperfecto en la ruta 35, en el cruce entre Alta Italia y Embajador Martini. El automóvil se estacionó mitad sobre la cinta asfáltica, y mientras esperaban por el arreglo, se detuvo cerca otro vehículo. Uno de los muchachos, para hacer una broma, simuló ser policía cortando la ruta y les pidió documentos, como si estuviera en uno de los habituales operativos de esa época. Cuando los ocupantes del otro rodado siguieron su camino y llegaron a su destino, Realicó, fueron a la comisaría.
Poco después, la policía de Ingeniero Luiggi fue a buscar a los jóvenes a su casa. A algunos, como a Torres, un agente les dijo que se presentaran en la comisaría «después de desayunar». Ahí empezó todo.
Las autoridades militares, ante la presencia de un grupo de jóvenes que en plena dictadura se hacía pasar por uniformados, enseguida encendieron la alarma sobre un posible foco «subversivo». Los policías, enterados enseguida de la situación pasaron el caso a disposición de la Subzona 14. Esa Navidad, el comisario principal Omar Aguilera, uno de los oficiales del grupo de tareas condenados por secuestros y torturas, recibió las actuaciones y a los detenidos, que fueron trasladados vía General Pico a Santa Rosa, en calidad de incomunicados. También firmó como responsable de la «investigación» Roberto Fiorucci, otro de los jefes de la patota pampeana.
El día 27, dos días después de su arresto, Aguilera les tomó declaración. Para entonces, los cinco habían sido «interrogados» a los golpes dentro de la Seccional Primera.
Torturados
García dio testimonio de su detención en la causa 615/12. Aseguró que «padeció una irrupción militar en su domicilio, durante la cual fue golpeado y le destruyeron la casa». Ya detenido, fue alojado en la Seccional Primera sin agua ni comida, golpeado y torturado en la planta alta, con golpes y corriente eléctrica en tres sesiones diarias. Estuvo allí entre diez y veinte días.
Torres también declaró sobre los 42 días aproximadamente que pasó en la cárcel y de los tormentos a que fue sometido. Seia indicó a su vez al declarar en la causa que estuvo 28 días arrestado. Sufrió interrogatorios en el primer piso de la comisaría mientras estaba esposado y con los ojos vendados, en los que fue golpeado. Los tres fueron víctimas de la misma metodología que desde el 24 de marzo el grupo de tareas había aceitado en los cuerpos de decenas de presos políticos.
El 28 de diciembre, ante la evidencia de que los jóvenes no integraban un grupo “subversivo”, el expediente fue elevado al juez federal Walter Lema y los cinco trasladados y encarcelados en la Unidad Penal 4. Poco después se les inició una causa, la 742/76, caratulada «García, Carlos H. y otros s/ supuesta infracción ley 20840», la de Seguridad o más conocida como de «lucha contra la subversión». En el pabellón de la U4 compartieron el espacio con otros presos políticos.
Frente a la Justicia
El 30 de diciembre de 1976 la causa llegó a manos de la Justicia Federal. El juez Lema le tomó declaración en esa sede judicial a García, Grande, Seia, Torres y Pastorino, y luego regresaron a la U4. Desde ese momento, volvieron a desfilar ante los funcionarios judiciales. El magistrado volvió a tomarles declaración el 7 y el 12 de enero de 1977. Ante la evidencia, resolvió el sobreseimiento definitivo de los cinco muchachos por la infracción a la ley 20840. Y se declaró incompetente respecto de la dilucidación de otros delitos, por lo que puso a los detenidos a disposición de la justicia ordinaria de General Pico.
El 19 de enero de 1977, los jóvenes fueron otra vez indagados, esta vez por el juez de Instrucción piquense por el delito de usurpación de autoridad. El 21 de enero, el magistrado resolvió la falta de mérito de los cinco y el 12 de octubre de 1977 los sobreseyó definitivamente.
El Peugeot en Bahía Blanca
En el testimonio de Carlos Horacio García, una de las víctimas, ante el Juzgado Federal, surgió un dato llamativo y que puede llegar a tener relación con otras causas de delitos de lesa humanidad. Cuando fue detenido el 25 de diciembre, la Subzona 14 le secuestró el Peugeot 504 comprado poco antes. El automóvil, según indicó el Juzgado Federal en el auto de procesamiento, «le fue devuelto destruido después de tres o cuatro meses y supo que con el vehículo habían estado ‘levantando’ gente en Bahía Blanca».
(*) Por Norberto G. Asquini (periodista e investigador)
