Este miércoles 3 de febrero se reanudará el debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca que tiene como imputados a Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, acusados de haber pertenecido a la Triple A y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo.
En la causa interviene en representación del Ministerio Público Fiscal la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de esa jurisdicción, representada por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento. Como partes querellantes actúan Hijos Bahía Blanca, la familia de la víctima Luis Jesús García y la Universidad Nacional del Sur (UNS), publicó Fiscales.
El juicio oral y público por la actuación de la Triple A en Bahía Blanca se retomará, luego de la feria judicial, esta semana con la declaración de dos de los últimos testigos ofrecidos por la fiscalía: Raquel Barabaschi y Néstor Busso. Cabe recordar que las audiencias son transmitidas por el canal de YouTube de la UNS.
RELACIÓN CON LA PAMPA
Raquel Barabaschi, informó la Unidad de DDHH, es referente de los organismos pampeanos de derechos humanos y fue víctima del circuito de la sub-zona 14 durante la última dictadura cívico-militar. Su testimonio fue solicitado por la fiscalía a fin de que declare sobre los vínculos de la Triple A de Bahía Blanca con hechos que tuvieron lugar en la provincia de La Pampa y, particularmente, sobre la intervención de Rodolfo Ponce y de su grupo armado en la persecución de sectores estudiantiles de izquierda pertenecientes a la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de la localidad de General Pico, a principios de 1975.
Por otra parte, la declaración de Néstor Busso, quien fue secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Pampa y víctima del circuito “Camps” durante la última dictadura cívico-militar, fue pedida por los fiscales para que se explaye acerca del trabajo de investigación realizado por el testigo a través del Servicio de Documentación e Información Latinoamericana (SEDIPLA) en junio de 1975, respecto del asesinato del sacerdote salesiano y vicerrector del Instituto Superior Juan XIII Carlos Dorñak, como así también sobre la persecución a los sectores religiosos de izquierda de la ciudad de Bahía Blanca.
