El Gobierno creó el Programa Nacional de Construcción de Viviendas denominado Programa Casa Propia-Construir Futuro, con el objetivo de promover y financiar proyectos para el desarrollo de soluciones habitacionales que mejoren las condiciones de sectores vulnerables y de medianos recursos.
La resolución 16/2021 del Ministerio de Desarrollo Territorial, publicada este martes en el Boletín Oficial, precisó que la iniciativa apuntará a la construcción de nuevas viviendas en todo el país durante el trienio 2021-2023, mediante el desarrollo y mejoramiento de las condiciones del hábitat.
«La reconstrucción de la Argentina implica entre otras cosas la capacidad del Estado de volver a construir viviendas», destacó a Télam Radio el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, quien subrayó que «esta es una tarea que el Gobierno ha emprendido desde el primer momento, a pesar de las dificultades de la pandemia» de coronavirus.
El Programa tiene como objetivo principal «promover y financiar proyectos para el desarrollo de soluciones habitacionales que mejoren las condiciones del hábitat, vivienda, infraestructura básica y equipamiento comunitario de los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas y grupos vulnerables, y de sectores poblacionales de medianos recursos».
La idea es contribuir «con el descenso progresivo del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo de la Argentina», que según estimaciones se ubica en tres millones de unidades.
Al respecto, Scatolini indicó que «el programa Casa Propia genera una política federal de vivienda, con acuerdos con todos los gobernadores del país, intendentes y sindicatos», y sostuvo que «es una tarea que no ha comenzado en este último tiempo, sino que tiene que ver con una decisión desde el comienzo del Gobierno por apostar por la economía real, por el trabajo genuino de los argentinos».
Remarcó que «la construcción de la vivienda no solamente es la posibilidad de lograr el sueño de la casa propia, como se llama el programa, sino también es la reactivación laboral de los pueblos, la llegada de nuevas oportunidades, de nuevos equilibrios territoriales que necesita el país para darle cada vez más dignidad al pueblo».
El plan promueve «el desarrollo de soluciones habitacionales con estándares de calidad adecuados, mediante la ejecución de obras nuevas», y para ello propone «la incorporación de mano de obra, la reinserción social y laboral de la población afectada».
También postula «movilizar la economía a partir de los mercados locales de materiales e insumos para la construcción, fortaleciendo el proceso de reactivación económica del sector habitacional».
Asimismo, garantiza «seguridad jurídica a los beneficiarios de soluciones habitacionales generadas con financiamiento público, a partir del otorgamiento del correspondiente título de propiedad».
Este programa también se propone «contribuir de un modo ágil y eficaz, a brindar soluciones habitacionales a los hogares damnificados por contingencias climatológicas, desastres naturales o antrópicos».
En cuanto a los beneficiarios, serán «los hogares residentes en todo el territorio nacional, que se encuentren en situación de déficit o vulnerabilidad habitacional y de sectores de medianos recursos con dificultad de acceso a una solución habitacional».
Para los casos de emergencias por contingencias y desastres «serán beneficiarios aquellos hogares que fueran damnificados».
Los recursos presupuestarios del Programa «se asignarán en función a criterios equitativos y solidarios, dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional».
Para ello «se utilizarán indicadores poblacionales asociados al déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, la emergencia habitacional, saldo migratorio, desocupación, hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas, mano de obra ocupada en la obra pública, entre otros».
Las provincias y municipios que ejecuten este Programa «deberán implementar y gestionar un sistema de recupero de cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios de las viviendas en forma mensual y consecutiva, siendo obligatoria la reinversión del total de los fondos recaudados en nuevos proyectos».
Asimismo, el valor y la cantidad de las cuotas se determinarán en proporción a los ingresos del grupo familiar beneficiario y se ajustarán de acuerdo con el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
A los fines del sistema de recupero, el valor de las cuotas a abonar por los beneficiarios «se debitará directamente de las remuneraciones que perciban si se trata de empleados en relación de dependencia del Estado o de cualquier otro beneficio previsional o asistencial que perciba del mismo».
Para el caso de no resultar posible el débito directo, los beneficiarios «deberán depositar los importes de las cuotas directamente en una cuenta bancaria abierta a la orden del Ministerio de Desarrollo Territorial».
